Redacción LA HABANA
El Parlamento cubano tiene previsto aprobar en unos días la ley de Comunicación Social, una norma que regulará a los medios en la isla y que periodistas independientes y oenegés temen que suponga una vuelta de tuerca más sobre los digitales no oficialistas que quedan dentro del país.
Las objeciones al proyecto parten de una premisa compartida: el proyecto de ley solo reconoce la legalidad de los medios que, en mayor o menor medida, están vinculados al Estado o al Partido Comunista (PCC, único legal).
Así lo establecía ya la Constitución aprobada en 2019, que asegura que los medios nacionales «son de propiedad socialista» y «no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad».
Pero en este texto se va más allá porque se establecen cuestiones de contenido, como que éstos no pueden “desestabilizar el Estado socialista”. Y que el sistema de comunicación “actúa conforme al Estado socialista” siguiendo el “ejemplo de (José) Martí y Fidel (Catro) y las ideas de (…) Marx, Engels y Lenin”. EFE