Los nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia podrán acceder a la nacionalidad.
La nueva Ley de Memoria Democrática de España busca, según el Gobierno español, «cerrar las heridas» abiertas en el país durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1976).
Con está nueva legislación, miles de familiares de los perseguidos en esas épocas podrán solicitar la nacionalidad española. La mayoría de los exiliados fueron a Argentina, México y Venezuela.
El propósito del Ejecutivo español con esta nueva norma es beneficiar a las personas que siguen buscando los restos de sus seres queridos en fosas comunes, a las personas que nacieron en el exilio y que ahora podrán acceder a la nacionalidad española.
La ley declara ilegal tanto el régimen como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, lo que dará derecho a obtener «una declaración de reconocimiento y reparación personal» a las víctimas desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
La consideración de víctima incluye a exiliados, personas LGTBI, niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
La nueva norma abre además de nuevo el plazo para que puedan solicitar la nacionalidad española los «nacidos fuera del país de padres o madres, abuelas o abuelos exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia».
Es una «medida reparadora» para las personas que sufrieron el exilio durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Se estima que se recibirán hasta 350.000 solicitudes de nacionalidad por esta nueva norma.
Juan Manuel de Hoz, descendiente de gallegos y uno de los promotores de la ley de nietos desde el Centro de Descendientes de Españoles Unidos, dijo al diario La Voz de Galicia que descarta una ola migratoria a España. “En Argentina podrán ser aptos unos 90.000 o 100.000 descendientes”, dijo.
La nueva ley también establece de forma expresa que la búsqueda de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá al Estado, que elaborará un mapa para su localización y creará un banco de ADN de víctimas para la identificación de restos. (Con EFE)