Redacción CARACAS
La ley que el Parlamento aprobó en Venezuela para recuperar bienes del Estado que se perdieron como consecuencia de la corrupción debió redactarse después de realizar cambios en el sistema de Justicia, para evitar que sea usada para «atacar, perseguir y amenazar» a cualquier persona, señalan expertos.
Dicha norma fue aprobada en medio de un escándalo por tramas de corrupción que involucran a la petrolera Pdvsa y otras instituciones del Estado, por las que han sido detenidas 61 personas, entre ellas varios funcionarios del chavismo.
La directora ejecutiva de la oenegé Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, explicó que recuperar bienes y recursos relacionados con la corrupción es un asunto «importante», por lo que debió modificarse el sistema judicial para que sea autónomo, independiente y capaz.
Para De Freitas, la Justicia venezolana no cuenta con ninguna de esas características, una afirmación recogida en informes de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de Hechos.
La experta recordó, además, que en la lista de detenidos recientemente por las tramas de corrupción, hay jueces de «altísimo nivel».
Problema sistémico
El 28 de abril de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró constitucional la Ley de Extinción de Dominio, pero De Freitas sostuvo que, en Venezuela, la corrupción es sistémica «y se produce porque no hay separación de poderes, porque no hay un sistema judicial que haga su tarea con independencia ni una Contraloría que haga su trabajo con independencia».
«El problema es cambiar el sistema que está permitiendo que esos casos se produzcan, y agregar la Ley de Extinción de Dominio en este sistema permisivo y que garantice la impunidad de la corrupción significa un elemento más que aumenta los riesgos de que el poder abuse de lo público y lo privado, en este momento, para su beneficio personal«, apostilló.
Por su parte, la oenegé Acceso a la Justicia manifestó su temor a que la normativa se use para «atacar, perseguir y amenazar» a cualquier persona cuyos bienes sean obtenidos de forma ilícita o no.
Entrega de recursos sin garantías
El diputado oficialista Diosdado Cabello, principal impulsor de esta ley, explicó que los recursos recuperados serán destinados al sistema de protección social, los servicios públicos, la infraestructura pública, programas de atención y reparación de víctimas de actividades ilícitas y a las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
La organización subrayó que el texto no indica los mecanismos que serán empleados para garantizar que los bienes recuperados sean realmente entregados a beneficio de la población.
«Debe recordarse que en Venezuela ni siquiera se conoce el presupuesto público ni los poderes del Estado rinden cuentas, por lo que cabe preguntarse cómo se garantiza que esos bienes realmente sean invertidos en el país», añadió.
Desde hace más de siete años no se publican informes de gestión de los órganos del Estado en Venezuela.