Casos de abuso y explotación sexual en el Congreso son investigados por la Fiscalía y también por una comisión parlamentaria.
Redacción BOGOTÁ
Han pasado casi tres meses desde que un senador revelase una «red de explotación sexual» en el Congreso de Colombia y aunque el caso es grave, el miedo a denunciar y las esferas de poder que rodean los casos de acoso sexual acallan el inminente #MeToo político colombiano.
Es un rumor constante, un grito a voces, una pregunta que se contesta con un «esto no es nuevo», pero que nadie se atreve a denunciar en público.
«A mí no me extraña que esto sucediera. ¿Y por qué no me extraña? Porque es algo que sucede en todos los ámbitos de la vida de las mujeres», dice la senadora María José Pizarro, a quien el presidente Gustavo Petro encomendó la investigación a través de una comisión parlamentaria.
Tras la denuncia del exsenador Gustavo Bolívar, una columna de la abogada Ana Bejarano en la revista Cambio contaba sobre una chica de «ojos verdes» que le habló de un «influyente congresista» que trabajaba con «un horroroso sistema de premios y castigos»: «Cuanto mejor el orgasmo, mayor acceso a la labor legislativa».
Denuncias protegidas
Aún sin nombres, la primera denuncia pública ha sido en contra del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, de cuando era senador y supuestamente intentó besar a una mujer que acudió a una entrevista de trabajo. «Si quiere el trabajo, esta es la manera», contó la mujer, según relató la periodista Vanesa De La Torre en el diario El País.
No obstante, son «denuncias de carácter protegido» hechas por «personas que no mostraron sus rostros, sencillamente contaron un relato», cuenta Pizarro, quien espera que se pueda crear el clima de confianza para que más mujeres denuncien.
Porque aunque haya «un señalamiento» contra una persona, «prima la presunción de inocencia, entonces hay una situación muy complicada porque hasta que ella no se anime a hablar, básicamente se queda en una denuncia en los medios de comunicación que no transita directamente a la Fiscalía». EFE
Los casos que investiga la Fiscalía
Las que sí han llegado a la Fiscalía han sido las últimas, del senador Jota Pe Hernández, en contra de John Jairo Uribe, productor del Canal del Congreso por abuso sexual y acoso laboral.
Uno de los denunciantes es Daniel, quien fue «despedido por no querer darle parte de su salario«. «A Daniel, por ejemplo, lo acosaba sexualmente», mientras que a otro de los denunciantes, «luego de drogarlo, lo abusaba sexualmente no en una sino en muchas ocasiones», explicó el congresista en su Facebook.
«Hay denuncias muy graves de tipo, por ejemplo, laboral que es un despido injustificado; de explotación sexual, es decir, de personas que han sido abusadas sexualmente; de acoso sexual; también de tráfico de drogas«, dijo Pizarro.
El último caso conocido aborda el acoso sexual de Yidis Gahona a una de las que trabajaban en la campaña electoral, Wendy Calderón, que acabó suicidándose por el acoso y la muerte política a la que se vio sometida cuando denunció.
La Comisión de la Mujer del Congreso colombiano trabaja en un protocolo contra casos de abuso y acoso sexual.