UN informe de Amnistía Internacional asegura que Colombia, Ecuador, Perú y Chile ponen limitaciones al acceso a servicios básicos y a la regularización.
Redacción SANTIAGO DE CHILE
Colombia, Ecuador, Perú y Chile «incumplen sus obligaciones internacionales» para proteger a las personas que huyen de Venezuela, denunció este 21 de septiembre de 2023 Amnistía Internacional (AI) en su informe ‘Regularizar y Proteger’.
Según detalla el documento, estos cuatro países albergan a casi el 70% de los 7,3 millones de ciudadanos venezolanos que han huido «debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos que se cometen en el país».
Se trata de un éxodo de magnitud comparable a los registrados en la huida de la guerra de Siria o la migración en el Mediterráneo occidental, afectando a todos los países de la región latinoamericana y caribeña.
Adeline Neau, investigadora para las Américas de AI, , dijo que estos países presentan «varios problemas comunes«, como limitaciones al acceso a servicios básicos y lentitud en la regularización de su situación migratoria, además de la falta de protección a quienes entran en la definición de refugiados según la Declaración de Cartagena de 1981.
«Es decir que los cuatro Estados que incorporan esta definición (refugiado sin reservas) deberían poder proteger a estas personas, y rara vez lo hacen. Las cifras de personas reconocidas como refugiadas son muy bajas«, subrayó Neau.
Sistemas debilitados
El informe de AI enfatiza que los países estudiados «no priorizan el uso de la figura del asilo«, dejando de lado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena contenida en las legislaciones nacionales para dar protección a esta población, víctima de desplazamiento forzado.
Muchos de los programas de protección temporal destinados a inmigrantes venezolanos son poco accesibles, acusa el organismo, con «criterios imposibles de cumplir», restricciones al estudio o al trabajo, a los sistemas sanitarios y con ausencia de un enfoque de género.
«Los Estados deben garantizar el derecho de solicitar asilo, reconociendo que las personas venezolanas pueden ser refugiadas. Eso requiere reforzar sus sistemas de asilo. Cualquier programa de protección temporal o medida de regularización debe cumplir un mínimo de garantías y garantizar el principio de no devolución«, afirmó Neau. EFE
Cooperación internacional
Amnistía Internacional hizo un llamado a la región para «redoblar esfuerzos» en brindar respuestas «adecuadas» ante la magnitud de la crisis, «cumpliendo con los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados».
En particular, la organización recomienda a todos los Estados que reciben personas venezolanas, y especialmente a los cuatro analizados en el presente informe, “que garanticen el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada«.