El incremento en la inseguridad tras la pandemia ha contribuido al aumento de la pobreza.
De los más de 898 mil habitantes que tiene la provincia de Los Ríos, el 79 por ciento de la población viven en condiciones de pobreza según datos del último estudio realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).
Entre los indicadores más destacados están la falta de vivienda, el acceso limitado a una alimentación adecuada, la falta de oportunidades educativas y de trabajo, la deficiente atención sanitaria, la inestabilidad laboral, y la falta de apoyo social, recreativo y comunitario.
El estudio también mostró que el 46% de las personas que viven en pobreza se encuentran en áreas rurales, mientras que el 18% reside en zonas urbanas. En cuanto a la pobreza extrema, el 22,6% se registra en la zona rural, en comparación con el 5,2% en la zona urbana.
Esto se refleja en los numerosos relatos de vendedores ambulantes que trabajan diariamente en los alrededores de los mercados de Quevedo y las que deambulan en situación de calle.
Santos Cervantes, quien se dedica a la venta de repuestos para celulares de forma ambulante, comenta que todos los días debe recorrer las calles céntricas de Quevedo, como 7 de Octubre y Bolívar, para vender sus productos y obtener al menos 10 dólares diarios, lo necesario para comprar los alimentos del día a su familia, que consta de dos adultos y dos niños de 7 y 8 años.
Santos menciona que mayo es uno de los meses más difíciles para su economía debido al regreso a clases de sus hijos, ya que debe comprar uniformes, zapatos y útiles escolares. Para cubrir estos gastos, trabaja el doble y, a veces, viaja a otros cantones los fines de semana. “Mi esposa trabaja limpiando casas y a veces ayuda en los mercados para poder comprar lo necesario para los niños. Así, poco a poco, vamos saliendo adelante, no hay de otra porque no tenemos un sueldo fijo y vivimos del día a día”, explicó.
El hombre contó que solo terminó la primaria y su esposa tiene un título técnico en belleza y peluquería, pero le ha resultado difícil encontrar empleo a pesar de su perseverancia. “Hay mucha pobreza. Antes de la pandemia, había más oportunidades de trabajo, porque también soy albañil y podía conseguir algo de empleo, pero ahora es más complicado por la crisis económica. Dan preferencia a quienes tienen más experiencia”, añadió el vendedor, quien vive con su familia en la parroquia rural La Esperanza de Quevedo.
Martha Carrera es costurera y destaca que durante esta época del año tiene un poco más de trabajo, confeccionando uniformes escolares a la medida en su casa. Sin embargo, aunque trabaja más, el dinero apenas le alcanza para cubrir los gastos mensuales, como el pago de la planilla de luz y agua, la compra diaria de alimentos, el internet, que es esencial para los estudios de sus hijos, y otros gastos como productos de aseo y medicinas. Como madre soltera, Martha solo depende del apoyo ocasional del padre de sus tres hijos, quien contribuye con la compra de uniformes y útiles escolares cuando se acercan las clases.
“Es difícil. He intentado emplearme en otras actividades, pero no es suficiente. Los fines de semana trabajaba en un restaurante donde me pagaban 10 dólares por día. Ahora me dedico a la costura, pero la situación está complicada. El gobierno debería crear más plazas de empleo junto a la empresa privada, apoyando el comercio y brindando seguridad”, afirmó la artesana, quien vive con su madre en la parroquia urbana San Cristóbal.
Buscan oportunidades
Ramiro Aguilera, un experto en seguridad que dirige una empresa de seguridad privada con sede en el cantón Babahoyo, afirma que el incremento en la inseguridad tras la pandemia ha contribuido al aumento de la pobreza en la provincia de Los Ríos, considerada la tercera más peligrosa del Ecuador.
Aguilera señala que los grupos delictivos han obligado a muchos negocios a cerrar debido a la extorsión diaria que enfrentan los propietarios y los inversores. También destaca que los secuestros han aumentado desde finales de 2023 y continúan en ascenso en lo que va de este año.
El experto menciona que, a pesar de los esfuerzos de la Policía, el Gobierno debería centrarse en crear más oportunidades laborales mediante la apertura de nuevas empresas o sucursales, lo cual ayudaría a reducir el desempleo y la criminalidad.
“En mi empresa, cada vez más jóvenes vienen buscando trabajo con sus certificados de bachillerato, deseando trabajar como guardias de seguridad. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno exige ciertos requisitos como cursos de capacitación, lo que dificulta la contratación. Además, nosotros debemos garantizar la integridad de nuestros trabajadores, lo cual implica mayores inversiones en su formación”, explicó Aguilera.
Propuso que el Gobierno, las empresas privadas y los municipios trabajen juntos para respaldar a los emprendedores, lo cual podría estimular la economía. Sin embargo, advirtió que los recientes apagones agravan la situación, ya que obligan a los negocios a abrir más tarde y cerrar más temprano, lo que resulta en menores ingresos comparado con otros períodos. (LL)