Franco Quezada, actual alcalde de Loja, exconcejal y antiguo participante en la construcción del proyecto Regenerar, deberá decidir si acepta o no el proyecto que fue financiado por un crédito de $56 millones de la Corporación Andina de Fomento.
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Uno de los primeros requerimientos, que tendrá que solicitar Franco Quezada Montesinos desde el 15 de mayo de 2023, es la información sobre el proyecto Regenerar, cuyo costo total aún es incierto, pero desde agosto de 2021, los 5.700 propietarios directos de la obra comenzaron a pagar las cuotas mensuales.
Quezada, para ese entonces, cumplía las funciones de concejal y conoció muy de cerca todo el proceso de licitación y construcción del proyecto, pero en ningún momento realizó una fiscalización de la obra; hoy le toca asumir la gran responsabilidad de recibirlo o no.
La fiscalización y el administrador del contrato recomiendan no recibir el proyecto, por una serie de cuestionamientos que presentan las obras, a pesar de que la actual exalcaldesa envió una serie de memorandos al administrador del contrato con la finalidad de que emitan los informes correspondientes para la recepción definitiva de la obra.
El proyecto Regenerar es financiado con un crédito de $ 56 millones que otorgó la Corporación Andina de Fomento (CAF) al Municipio de Loja, para la construcción de 32 kilómetros de redes de agua potable, 36 km de alcantarillado sanitario, 31 km de alcantarillado pluvial, soterrar 36 km de redes eléctricas, telefónicas y de fibra óptica, así como la edificación de la planta de aguas residuales en el norte de la ciudad.
Cuatro administraciones municipales han tenido que lidiar con dicho proyecto, que para la mayoría de ellos argumentaban su preocupación por la parte técnica de la ejecución. Los estudios del mismo los inició Jorge Bailón Abad(+), la contratación de la empresa e iniciación de la obra, se dio en el periodo de José Castillo Vivanco, quien fue revocado del mandato, continuando Piedad Pineda.
Bailón llega nuevamente a la alcaldía y pone una serie de reparos a la utilización de materiales en el proyecto, principalmente las baldosas y el rubro de la fibra óptica municipal, esta última no estuvo presupuestada dentro del crédito de la CAF, observaciones que se quedaron en el papel, por la repentina muerte Jorge Bailón; asumiendo la responsabilidad fiscalizadora Patricia Picoita Astudillo, quien demostró un afán de recibir la obra, a pesar de haber serios cuestionamientos de la fiscalización y del administrador del contrato.
Fiscalización recomienda no recibir la obra
Ante la serie de memorandos suscritos por la exalcaldesa Picoita, el administrador del contrato en ese entonces, Jorge Montaño Ordóñez, le informa que mediante oficio Nro. INCA-DS-ML-027-2022, la fiscalización se pronuncia respecto al pedido del Consorcio Loja 2015, en el que manifiesta que “no es procedente la recepción definitiva de la obra”.
De igual manera refiere al memorando Nro. ML-DT-0226-2022-M, suscrito por los ingenieros Wilson Ludeña Jiménez, Coordinador de Electrónica y Telecomunicaciones y Richard Armijos Merino, Director de Tecnología (e), emiten su informe sobre el componente “Fibra Óptica Municipal (FOM), y en su parte pertinente “sugiere no dar paso a la recepción final de este componente”.
Varios memos de la exalcaldesa
Patricia Picoita Astudillo mediante 16 memorandos fechados en septiembre de 2022, solicita al administrador del contrato, emita un pronunciamiento técnico debidamente fundamentado y con los medios de verificación respectivos.
En uno de los 16 memorandos solicita lo siguiente:
- ¿La contratista ha cumplido las subsanaciones de todas las observaciones que constan en el acta, en la forma, cronogramas y plazos estipulados?, en caso de no haberse cumplido.
- ¿La contratista ha sido debidamente notificada sobre estos incumplimientos?
- ¿Han surgido nuevas observaciones a ser subsanadas a partir del acta de recepción provisional?
- ¿Los trabajos de subsanación de observaciones continúan ejecutándose por parte de la contratista?, caso contrario ¿Qué razones argumenta el contratista? y, ¿desde qué fecha no está ejecutando los trabajos?.
- ¿Durante la ejecución del contrato de obra, la contratista habría incurrido en alguna de las causales estipuladas, en la cláusula 23,4 del contrato?.
- ¿Se ha calculado las multas a las que hubiere lugar sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutar?.
- ¿Se ha coordinado con la Fiscalización todas las medidas necesarias para exigir a la contratista la adecuada ejecución de subsanación de observaciones, con estricto cumplimiento de las cláusulas contractuales, cronogramas, plazos y costos a cargo de la contratista?.