Los moradores de la ciudadela Zamora, o más conocido como La Pileta, exigen al alcalde de Loja, Franco Quezada, y al Procurador Síndico, que se haga cumplir la sentencia constitucional, dada por los jueces hace dos años, sobre la abstención de entregar permisos de funcionamiento y masificar los controles en la zona.
Incumplimiento
En mayo de 2021 se dictó la sentencia en última y definitiva instancia ante la acción de protección presentada, a favor de los moradores de la Ciudadela Zamora, en la que prohíbe al Municipio la entrega de permisos de funcionamiento a bares, licoreras, discotecas y otros centros de diversión nocturna, desde el 2022.
Además, solicita que se realicen operativos de control permanentes a fin de evitar que las personas se detengan a beber alcohol o realizar escándalos públicos, en los horarios de 15:00 a 02:00 del siguiente día, esto los jueves, viernes, sábados y feriados, sin embargo, no se ha cumplido por ninguna de las administraciones municipales, por lo que los moradores están indignados ante la bulla y el escándalo que siguen soportando todos los fines de semana.
Además, tampoco el Municipio ha hecho constar en el presupuesto del año anterior, ni en el actual la partida presupuestaria y necesaria para la conclusión y puesta en funcionamiento de la “Zona Rosa” de la ciudad de Loja, la cual se hablaba que en el 2021 ya estaría con un avance superior al 90%, pero no hay nada. Finalmente, los moradores hasta ahora no han recibido un solo informe sobre el cumplimiento de la sentencia, pese a que una de las resoluciones lo señalaba así.
Planteamiento
Jorge Martínez, presidente de la Ciudadela Zamora, manifestó que el actual alcalde cuando fue candidato no dialogó con los moradores sobre el problema, tampoco lo hizo cuando fue electo, recién hace tres semanas los recibió para mantener una reunión y no llegaron a ninguna decisión. La presentación de la Acción de Protección la hicieron en el 2020 en pandemia, porque estaban cansados de la bulla y el escándalo público en las noches.
“Nosotros hemos esperado dos años, hemos hablado con nuestro abogado, pero no vemos ninguna solución, por lo tanto tomaremos otras acciones que contemplan dentro del derecho constitucional, porque hay incumplimiento a una sentencia constitucional de la autoridad competente. En este caso el peso de la ley recae en el alcalde, Franco Quezada, y su Procurador Síndico lo que conlleva a la destitución del cargo por desacato”, finalizó.
EL DATO
En la zona existirían más de 30 establecimientos dedicados a la venta y expendio de alcohol. La bulla y el escándalo continúan en la zona.
TOME NOTA
Locales como discotecas y bares habrían cambiado el giro de negocio y ahora serían locales de venta de comida con acompañamiento de bebida.