Ana ha esperado casi cuatro años para que el sistema de justicia ecuatoriano responda por el delito de violación del cual fue víctima, y juzgue a su agresor como se debe.
Representantes de colectivos feministas se pronunciaron ante el ‘Caso Ana’, una joven de nacionalidad francesa que fue víctima de violación en el cantón Saraguro en 2018 y que tendrá la audiencia de formulación de cargos el jueves 14 de julio de 2022. Las representantes expresaron su desacuerdo con la revictimización por parte del fiscal de esa jurisdicción, Ángel Condolo.
“En uno de sus argumentos aduce que ella no era virgen, estaba embriagada y en una fiesta con personas desconocidas, por ende, no es una violación, sino que lo quiere cambiar a una figura de abuso sexual, pese a que existen las pruebas de ADN del victimario”, argumentó Carmen Tapia, representante de ‘Mujeres por el Cambio’ en Loja.
El abogado Rafael Banda, quien aporta en el caso, expresó que buscan justicia, calificando y juzgando el delito como lo que es: una violación.
“A Ana no se le puede devolver todo lo que perdió tras ser víctima de este hecho, pero sí podemos garantizarle una reparación de daños como establece el COIP en nuestro país”, agregó.
Por su parte, Lorena Rodríguez, representante de ‘Acción Feminista por la paz’, aseguró que esta clase de acciones provocan que las víctimas y ciudadanía en general no confíen en el sistema de justicia.
“Este es un caso más donde el Estado es cómplice de la violencia machista y un fiscal se pone de parte del agresor y no de la víctima. Se están vulnerando los derechos de las mujeres y muchas veces nos piden que rompamos el silencio, me pregunto cómo quieren que lo hagamos si pasan casos como el de Ana, donde se revictimiza a quienes sufrieron este acto”, comentó.
Hecho
En el 2018, la joven llevaba un año en el Ecuador trabajando como voluntaria en Saraguro. Ese mismo año, el 23 de junio, asistió a una boda en la comunidad de Las Lagunas. Luego de beber un poco, decidió seguir la fiesta en una casa cercana, junto a otras 15 personas.
Según la versión que dio a conocer a las autoridades, despertó al día siguiente sin recordar lo sucedido durante la noche, en ese momento, se percató que tenía una parte del pantalón roto. Atemorizada, buscó ayuda en el hospital de Saraguro, sin embargo, al ser domingo, este no contaba con atención en ginecológica, por lo que procedió a viajar a la ciudad de Loja. Allí fue atendida.
Los hechos fueron denunciados el 26 de junio ante el fiscal de Saraguro, Ángel Condolo, y se dio apertura a la investigación. Tras dictar prisión preventiva en contra de dos personas indígenas, el examen de ADN reveló que los fluidos corporales encontrados en la ropa interior de la víctima pertenecían a Erick J. B. C., lo cual obligó al fiscal a abstenerse de formular cargos en contra de las personas vinculadas en un inicio.
El 26 de septiembre de 2018, el fiscal formuló cargos en contra de Erick por el delito de violación (tipificado y sancionado en el artículo 171, numeral 1 del COIP). Erick no compareció a la audiencia preparatoria de juicio y para ese entonces estaba ya prófugo de la justicia.
Desde el 29 de marzo de 2019, el caso se suspendió porque, según el Código Penal, se necesita la presencia del demandado para avanzar a la fase del juzgamiento. La ley dice que no se puede juzgar en ausencia.
Ana contó que, en la semana siguiente a la agresión, el fiscal le aconsejó que no presentara la denuncia. “Un día me dijo: la verdad no tenemos aún los resultados (del examen ginecológico); lo que se sabe es que no hubo violencia, no hubo resistencia. Me hizo entender que yo había buscado lo que me pasó”.
Transcurridos más de dos años, la Policía dio a conocer el lunes 21 de febrero de 2022 que, en la provincia del Azuay, parroquia El Valle, fue detenido Erick J. B.