Un grupo de exservidores militares manifiestan que sus derechos fueron vulnerados, por supuesta arbitrariedad cometida por el ejército ecuatoriano que terminó en la baja sin motivo alguno.
A través de una acción extraordinaria de acción de protección, los exsoldados de diferentes ciudades del país solicitan a la justicia la recuperación de sus derechos que fueron quitados hace 30 años aproximadamente.
Situación
Roberto Castro, procurador del grupo de exmilitares señala que en 1994 sin haber cumplido el debido proceso administrativo se les comunicó que fueron dados de baja, sin ninguna explicación de los altos mandos militares de aquel entonces. “Vamos 30 años presentando diferentes recursos judiciales para que nuestros derechos se cumplan ante esta vulneración sufrida, las acciones permitieron que el Ejército Ecuatoriano, admita que nunca existió un documento real para dar la baja a los compañeros”, recalcó.
Así mismo manifestó que este problema ha traído complicaciones a nivel social y económico durante estos años. “Se ha pedido a los altos mandos militares que presenten los justificativos que utilizaron para tomar esta decisión, así mismo hemos solicitamos las pruebas para justificar la supuesta incompetencia profesional que se ha cometido,”, señaló.
Pedido
Luis Rojas Apolo señala que, a través de este recurso judicial, espera que los jueces den la razón a los exmilitares que defendieron al país. “Nuestro pedido es la reparación por las arbitrariedades cometidas en su momento, si la justicia determina que nos reintegra a nuestras actividades militares, volveremos a prestar nuestros servicios con todo el profesionalismo del caso”, indicó.
Agregó que en su momento presentaron una acción de habeas data para exigir al ejército las razones de su baja, así mismo han presentado una acción de protección con la resolución de le jueza que se pronunció en sentencia del habeas data presentado donde no existía razón para la baja de los militares. “Nos preocupa que los jueces, han hecho caso omiso al pronunciamiento, se mantienen que el proceso se realizó adecuadamente, cuando no es así”, recalcó.
Los exservidores militares puntualizan que las acciones judiciales permitieron saber que nunca se conoció el día y el lugar donde se iba producir la reunión del consejo de disciplina de las FF.AA., tampoco se ha conocido a los integrantes, únicamente recibieron la lectura de la baja 292 soldados que fueron desvinculados en marzo de 1994.
Recurso
Raysa Orellana Castillo, abogada de los exmilitares subraya que estos acontecimientos ocurridos en 1994, hoy no se pueda hacer justicia. “Hemos visto una vulneración de algunos derechos como seguridad jurídica, al debido proceso, al trabajo y a una vida digna de un centenar de militares que fueron dados de baja sin ninguna resolución o justificación pertinente”, manifestó.
Subrayó que la presentación de la acción extraordinaria de protección se la ha realizado por no existir una lógica jurídica por parte de las competencias de los jueces y a decir de la jurista no hay un asidero jurídico, tras la acción de protección presentada en el mes de junio de este año. “Hemos pedido la aclaración de la sentencia, pero fue negada. Los jueces se han puesto en el plan que no ha existido vulneración de derechos, cuando se ha presentado elementos de hecho y derecho dentro de este proceso que demuestran lo contrario”, destacó.
EL DATO
De los 292 soldados de baja, solo 41 se encuentran luchando por la reivindicación de sus derechos.