Los trámites se realizan en el Centro de Matriculación Vehicular. También hay juristas que prestan el servicio legal. El bloqueo tarda 24 horas.
En la ciudad de Loja, al menos un 10% de los usuarios que acceden a los servicios del Centro de Revisión y Matriculación Vehicular, lo hacen por solicitar el bloqueo, ante multas que continúan llegando, posterior a la venta de su vehículo a otra persona.
Requisitos
Este trámite es bastante común en la ciudad, varias personas realizan el procedimiento de manera diaria. Los requisitos para el bloqueo son básicos: llenado del formulario, copia de cédula, copia de matrícula, copia del contrato certificado en la notaría y el pago del bloqueo ($7.60) en recaudación. El tema de migración de multas no se realiza en el Centro, pero sí pueden tramitarse en el Municipio en las dependencias del Departamento Financiero.
Galo Costa, director del Centro de Matriculación Vehicular de Loja, manifestó que este procedimiento es común en las personas que han vendido su vehículo, pero no han realizado el contrato de compraventa, y las multas o recargos por concepto del auto siguen saliendo a nombre del dueño anterior. “Este proceso es rápido, lo hacen los expropietarios para que el nuevo dueño no pueda realizar la matriculación o revisión, mientras no subsane las multas o sanciones que estén a su nombre”, dijo.
Cifras
Según la autoridad, este tipo de casos es bastante común. Los bloqueos no solo se dan por expropietarios, sino por entidades financieras, gravámenes, entre otros, pero lo más común es por multas de tránsito. “En el caso del traspaso de multas, sea del Simert, mal parqueo o de exceso de velocidad, no se hace en Matriculación, pero sí en el Municipio con una previa justificación”, recordó.
A decir de Costa, la ciudadanía debe evitar este tipo de procedimientos, ya que lo recomendable es que, cuando se adquiere un vehículo, la normativa dice que dentro de los 30 días siguientes se debe realizar el traspaso, caso contrario, se hará acreedor a una multa por un Agente de Tránsito por el delito de contrato caducado.