El Municipio con la empresa Safety tiene un sinnúmero de procesos legales, incluso le debe cerca de un millón de dólares por prestación de servicios que deberán ser transferidos en este 2023.
El candidato a la Alcaldía de Loja, José Bolívar Castillo; el postulante Franco Quezada; y el aspirante a concejal, Iván Ludeña, son las tres personas que aprobaron y autorizaron la suscripción del contrato de concesión de la prestación del servicio para la gestión y control de tránsito de la ciudad, a través del sistema de fotomultas de la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial en el 2015. Actualmente, estas exautoridades buscan llegar a la municipalidad a diferentes dignidades.
Legalidad
Luis Tapia, procurador Síndico del Municipio de Loja, manifestó que el Concejo Municipal de ese entonces estuvo presidido por las exautoridades antes señaladas, quienes, en sesión ordinaria del 10 de marzo de 2015, aprobaron y autorizaron por parte del Cabildo al alcalde del cantón Loja, José Bolívar Castillo, la suscripción del contrato y delegación a la iniciativa privada.
Indicó que tanto Quezada como Ludeña no firmaron el contrato, pero sí autorizaron que se ponga en marcha un plan de control de tránsito a través de fotomultas, convirtiéndoles en contribuyentes y responsables indirectos de este problema, donde ahora le toca pagar a Loja cerca de 13 millones de dólares a la empresa Safety.
El abogado Procurador Síndico Municipal de ese entonces fue Álvaro Reyes y el alcalde, el ‘Chato’ José Bolívar Castillo, quien firmó el contrato en mayo de 2015 entre la empresa Safety y el Municipio de Loja.
Responsabilidad del ‘Chato’
Finalmente, expresó que el responsable directo de la firma del contrato es José Bolívar Castillo. El pago de los 13 millones de dólares que debe pagar la Municipalidad obedece a que la institución al momento de los cobros de las multas no transfería todo a la empresa, y lo que piden es ese dinero, según el informe pericial de la perito. “Ahora ese informe ya fue observado, estuve en Guayaquil presentando dos escritos de observaciones al peritaje, debido a que ese informe no contiene todos los parámetros legales y requeridos”, reveló.
Además, hay una sentencia ante una Acción de Protección interpuesta por la empresa Safety que se dio en el 2022 y está analizándose en la justicia de Quevedo, que equivale a cerca de 12 millones de dólares.
Antecedentes
El antecedente en este caso, es que la Municipalidad de Loja ha incumplido desde el año 2016 el pago de dichos valores a la empresa demandante y que la presunta deuda tendría como antecedente el contrato por el que el Municipio concesionaba a SAFETY la potestad jurisdiccional de declarar, mediante el sistema de fotomultas, las infracciones de tránsito en que incurrieren los automotores respecto de los límites de velocidad en las calles, avenidas y lugares de acceso a la ciudad de Loja. Contrato de concesión suscrito entre el entonces alcalde de Loja, José Bolívar Castillo; servicio por el que SAFETY cobraría en cada multa el 45% de su valor, correspondiendo al Municipio el 55% restante.
“Es inadmisible, a la vez, la indiferencia y silencio de las principales autoridades del cantón y la provincia, incluido el de las agrupaciones electorales que se aprestan a gobernar este lugar patrio. Ese silencio expone al pueblo lojano, a tener que cumplir un fallo judicial ilegal e inconstitucional, propio de un Estado fallido, presa de las mafias. Si ese fallo judicial no se revoca, veremos cómo se incrementan los impuestos cantonales para cumplir la condena”, aseguró Rómulo Salazar, abogado en libre ejercicio.
EL DATO
La autoridad dijo que se deberá hacer una repetición del juicio en contra de los funcionarios que suscribieron el contrato, en este caso José Bolívar Castillo.