La alcaldesa de Loja, Patricia Picoita, exige un millón de dólares a un comunicador lojano, periodista de Radio Zapotillo, por presunto daño a la honra de la autoridad.
El comunicador habría informado sobre una supuesta interferencia de Picoita para que uno de sus familiares cercanos entre a la Dirección de Movilidad de Tránsito del Municipio de Loja.
La decisión de la alcaldesa ha sido cuestionada a nivel nacional y sobre todo por el Consejo de Comunicación, que rechaza toda acción que, por medio de poder judicial, busque sanciones desproporcionadas contra el ejercicio de la libertad de expresión.
Además, el Consejo de Comunicación recuerda que, conforme ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los servidores públicos deben mostrar una mayor tolerancia a la crítica, por cuanto las opiniones vertidas sobre los funcionarios o sus gestiones son parte de un discurso especialmente protegido.