Ibarra.
El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura (TGPI) inició ayer la audiencia de juzgamiento en contra de dos presuntos narcotraficantes, quienes fueron detenidos con 188 paquetes de cocaína.
El operativo realizado por la Unidad Nacional Antinarcóticos se realizó el pasado sábado 29 de abril de 2017, en la Panamericana que conduce de Otavalo a Quito, sector de la parroquia González Suárez.
“El dispositivo de interdicción de carreteras lo podemos realizar en cualquiera de la vías a nivel nacional y a la hora oportuna”, dijo un oficial que estuvo al mando del operativo.
Operativo
En ese lugar, varios policías de civil, pertenecientes a la Unidad Antinarcóticos, así como del servicio urbano, detuvieron la marcha de dos vehículos marca Chevrolet, Vitara, de color blanco y verde.
Luego de una revisión en el interior de los dos automotores, los agentes observaron anomalías en la estructura del piso. Con este solo antecedente, comunicaron al fiscal de Otavalo para que ordene la detención y el traslado de los automotores hasta el Comando de Policía de ese cantón.
El delito estaba descubierto, pero era necesario verificarlo abriendo los compartimentos que habían sido construidos.
“Como no contábamos con las herramientas adecuadas y por la seguridad de los policías, vehículos y detenidos, fueron trasladados hasta la Jefatura Antinarcóticos de Imbabura, con sede en Ibarra”, sostuvo un uniformado.
DATO
Entre 10 y 13 años podrían pasar en la cárcel por este delito.
Al abrir los compartimentos de uno de los vehículos, encontraron 84 paquetes tipo ladrillo cubiertos con cinta adhesiva que llevaban una marca de un santo.
En el segundo vehículo estaban encaletados 104 paquetes más. Luego de realizar la prueba con reactivos químicos se comprobó que se trataba de cocaína con un peso bruto de 222.780 gramos y un peso neto de 186.988 gramos de cocaína (187 kilos de droga).
La fiscal de Otavalo presentó todas la pruebas reunidas en el proceso investigativo en contra de M.R.A. y D.V.R. por el presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, de conformidad con el art. 221, numeral uno, literal d, gran escala, del COIP.
Una vez que el TGPI conozca todas las pruebas dictará sentencia, que en el caso de encontrarlos culpables sería de entre 10 y 13 años. (RPCH)