Acess cerró el lugar clandestino donde se decía que se trataban adicciones, sin contar con los permisos de funcionamiento.
IMBABURA.- Una denuncia en la Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades de la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, sobre el funcionamiento de un sitio donde se realizaban supuestos tratamientos de “deshomosexualización”.
Hasta el cantón Cotacachi arribó un equipo técnico y jurídico de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), donde se verificó que efectivamente en el lugar había varias irregularidades, empezando por funcionar ilegalmente, sin ningún tipo de permiso.
Paola Bolaños, directora zonal 1 de Acess, explicó que la posible vulneración de los derechos de los pacientes y las faltas a la normativa sanitaria vigente, permitieron que se realizara la evaluación de la infraestructura, equipamiento, talento humano y normativas conexas del lugar, de acuerdo a lo que establece la regulación sanitaria para el funcionamiento de los Centros Especializados en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Cetad).
“No contaba con el licenciamiento ni con permiso de funcionamiento otorgados por la Agencia, ante lo cual se adoptó la medida provisional de clausura, con el fin de proteger el derecho a la salud de los 18 pacientes, entre ellos un menor de edad, que se encontraban en el sitio”, informó.
Irregularidades
Desde Acess, a través de un comunicado, refirieron que la normativa sanitaria para el control y vigilancia de los establecimientos de salud que prestan servicios de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, establecen claramente varias prohibiciones que se habrían incumplido en este sitio.
Entre lo que se prohíbe, consta el mantener internos a los pacientes contra su voluntad; promover prácticas de intimidación, violencia, acoso, abuso sexual, de género y otras; discriminar a los pacientes por su condición social, origen, identidad étnica, sexual, religiosa o cultural; utilizar cualquier forma de maltrato físico, psicológico, sexual, violencia de género sobre las personas, a través de torturas o penas crueles inhumanas, degradantes; retener o someter a personas por medios violentos físicos o psicológicos, para proceder a su internamiento forzado; ingresar a propiedad privada con el fin de retener o someter a una persona; y, ofrecer servicios para trastornos tales como el “tratamiento para la homosexualidad”, tratamientos para patologías como trastornos de personalidad y problemáticas de conducta.
Manifestaron que el equipo técnico de Acess también detectó inconvenientes con el manejo de los desechos del establecimiento, lo cual se agregará al informe correspondiente.
“Los pacientes fueron evaluados por los profesionales del Ministerio de Salud Pública, quienes brindaron acompañamiento durante el operativo. En el caso del menor de edad, se hizo contacto con sus padres y fue puesto a disposición de ellos”, reseñaron.
“La actividad se dio este 10 de mayo de 2023 y contó también con el apoyo de la Policía Nacional, la Gobernación de Imbabura y la Defensoría del Pueblo, instituciones que actuaron en el marco de sus competencias”, añadieron.
Bolaños destacó que es importante que la población denuncie irregularidades en los establecimientos que ofertan servicios de salud, recordando que los ciudadanos pueden hacer conocer sus inconformidades enviando un correo electrónico a la dirección: [email protected] .