Chatarreros no podrán ingresar a comunidades de Ambatillo

Preocupación. En la comunidad todos están alarmados por la inseguridad por lo que vigilan en todo momento.

Son cerca de las 11:00 en la comunidad de Manzanapamba, en Ambatillo Alto, al noroeste de Ambato. Allí pocos son los vehículos que circulan y los que lo hacen siempre están siendo vigilados por los moradores del lugar.

Marcelo Villegas, comerciante que recorre las tiendas rurales para distribuir snacks y otros productos, manifestó que fue detenido tres veces en diferentes puntos donde le preguntaron qué estaba haciendo en el territorio.

Además, le revisaron lo que transportaba en su camioneta y se aseguraron que lo que decía era coherente.

Esta situación se debe a que, en todo el territorio, se incrementaron los controles de vehículos y personas debido al incremento de asalto a personas de la comunidad, robo de animales y de domicilios.

 

Realidad

Según un reporte de las autoridades, desde 2019 el robo de ganado en Tungurahua se incrementa paulatinamente.

Esto a pesar de que, en 2020, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se obligó al confinamiento de la población y desde el último trimestre de ese año hasta la actualidad se mantienen las restricciones de movilidad en varios cantones.

María Toaza, manifestó que en su barrio van ya tres robos de animales menores. “Vienen con el pretexto de comprar chatarra y se van llevando borregos, chanchos, pollos que están pastando en las comunidades”, dijo molesta.

Todos los habitantes de Ambatillo están facultados para detener a los vehículos personas desconocidas que estén en su territorio.
Acciones. Todos los habitantes de Ambatillo están facultados para detener a los vehículos personas desconocidas que estén en su territorio.

 

Declaraciones

Rosa Elena Mazabalín, presidenta de Ambatillo Alto, aseguró que en la zona conviven agricultores y artesanos que siempre están organizados en torno al Consejo de Gobierno, enmarcados en el artículo 171 de la Constitución.

Por ello, a través de varias asambleas comunitarias, han tomado resoluciones drásticas que permitan retomar la seguridad del territorio.

Entre las resoluciones constan impedir el ingreso de chatarreros y vendedores ambulantes a las comunidades.

El control permanente en el que todas las personas de la comunidad están autorizadas para detener a los vehículos que, sin hacer caso de estas resoluciones, realicen estas actividades, así como aplicar la justicia indígena a quienes no acaten estas disposiciones.

Como esta comunidad, varios son los territorios rurales que buscan frenar la inseguridad y por ello incluso esperan activar los calabozos utilizados antiguamente.

 

DATO
Otra de las resoluciones es que a partir de las 19:00, en la comunidad, 
no pueden ingresar personas o vehículos extraños sin una justificación 
verificada.

 

 

Consenso

Luis Moreta, presidente de la Junta Parroquial de Ambatillo, manifestó que la población en general es la que tiene la última palabra y desde las autoridades apoyan estas resoluciones más aún cuando se trata de la seguridad de todos.

Según la autoridad esto no va a ser impedimento para que la ciudadanía, “la gente buena”, visite la parroquia, pero deben hacerlo con una justificación pues ya los moradores están en sitios estratégicos con los controles. (FCT)

 

Acciones. Todos los habitantes de Ambatillo están facultados para detener a los vehículos personas desconocidas que estén en su territorio.

 

Sustento legal

En la Constitución de la República se sustenta la justicia indígena.

En el artículo 171 señala que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.

Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad.

La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.