Por Alan Cathey Dávalos
Las últimas semanas han sido dramáticas en América Latina, en relación a la penetración del crimen organizado, tanto en la calle, con la violencia delincuencial campeando a sus anchas, en una demostración de prepotencia nacida de su certeza de impunidad, en toda la gama de delitos, desde asaltos a viviendas y personas, el micro y macro tráfico de drogas, el secuestro, las infames “vacunas”, hasta el asesinato por encargo del sicariato.
Desde México a la Argentina, y del Caribe al Brasil, el manto de la inseguridad y de la más absoluta impotencia, se cierne sobre la gente de bien, que todavía se esfuerza por llevar el pan a su casa honradamente. La inseguridad es, hoy por hoy, la principal preocupación de la población, por encima del desempleo y de la economía. Esta situación es causa de una buena parte de la migración, sin considerar la originada en los países que económicamente han fracasado, y están en camino a volverse Estados fallidos, como en el caso venezolano o el cubano.
Ecuador ha vivido la conmoción social de ver hecha realidad la extendida sospecha de que la justicia en el país es un instrumento de las mafias, delincuenciales y políticas, cuya línea divisoria se vuelve cada vez más tenue y más difícil de distinguir, si es que existe. Ante las denuncias de la Fiscalía, involucrando a una sólida mayoría de los magistrados de la Corte Superior de Guayaquil, en casos de sobornos y colusión con la delincuencia organizada. Nada es más grave en una sociedad, sea cual sea su forma de gobierno, que la pérdida de la noción del respeto por la ley, y de quienes tienen a su cargo su aplicación, los jueces.
El Ejecutivo o el Legislativo, son instancias más bien lejanas, mientras el Jurisdiccional está mucho más cercano a la vida diaria de la gente. Es solamente el juez quien tiene la potestad de privar de su libertad a la persona, o el que puede arrebatar al ciudadano la casa u otros bienes, o quitarte la custodia de los hijos. La correcta aplicación de la justicia y la ley, es la diferencia entre orden y anarquía, y cuando esto sucede, retornamos a la ley de la selva.
Un rosario por Rosario
La ministra del Interior de la Argentina, la Sra. Cristina Bullrich, acaba de anunciar que, ante la arremetida del crimen organizado en la ciudad de Rosario, el gran puerto fluvial del río Paraná, puerta de salida de significativas cantidades de la producción agrícola de la denominada “pampa húmeda”, del noreste de Argentina, se vuelven necesarias urgentes acciones.
Tercer productor mundial
Su condición de gran puerto fluvial, al final del Río Paraná, vuelve a Rosario un atractivo destino, y a la vez, un punto de salida de esa producción, y también, al conectarse con vecinos en los que el narcotráfico está en gran crecimiento, con una Bolivia, convertida en el tercer productor mundial de cocaína, en plataforma para el narcotráfico internacional. El logro boliviano se debe, en gran medida, al indisimulado apoyo de las más importantes figuras del MAS, el partido del ex presidente Morales, y del actual, Arce a esta actividad.
Evo, el cocalero
En efecto, el primero presionó para conseguir que el área autorizada para el cultivo de hoja de coca, que se había establecido, ya con un margen importante, para dizque cubrir una demanda interna para uso “tradicional”, se duplicara sin ningún argumento válido, con lo que el excedente, unas 20 mil hectáreas, se destina a la producción de gran cantidad de cocaína.
¿Indiferente o impotente?
Por su parte, el gobierno de Arce se ha revelado impotente, o indiferente, ante esta escalada del narcotráfico, cuya presencia se ha hecho evidente, con el aparecimiento de una vasta red de aeropuertos clandestinos en la región del Chapare, bastión de Morales y sus cocaleros, así como de la infiltración de los narcotraficantes, en la justicia y la policía antinarcóticos, como quedó demostrado en el escandaloso caso de Marset, un destacado narcotraficante uruguayo, que, además de su escape de manos de la policía boliviana, que estaba por aprehenderlo, agradeció al jefe de la policía, por el oportuno aviso que le dio, que le permitió escapar a tiempo.
Vacías protestas
Pese a las indignadas protestas del gobierno boliviano, ante los señalamientos que se le hacen, de haber permitido, por su clara complicidad y negligencia, que Bolivia se convierta en un productor y exportador de cocaína de nivel mundial, su responsabilidad es manifiesta, como se desprende de lo anterior. Esa gran capacidad exportable, unida a las facilidades que tradicionalmente ha brindado para que la cocaína procedente de la Amazonia peruana y colombiana, ha potenciado el papel del país como ruta de paso, además de su producción propia, en la provisión de la droga, que llega a Rosario para su exportación a Europa por la contaminación de contenedores, así como el abastecimiento de un creciente mercado de consumo regional, en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.
Otro Guayaquil
En efecto, Rosario se volvió un Guayaquil austral, por las mismas razones, y parecidas consecuencias. La violencia criminal se ha instalado en el puerto, con sus siniestros operadores y sus sicarios, que han obligado a sus habitantes a recluirse en casa, para evitarse riesgos innecesarios. Con esos antecedentes, el gobernador de la Provincia, que, por primera vez en muchos años, no es parte del peronismo, ha pedido apoyo federal ante la fundada sospecha de que la policía local se halla profundamente penetrada por el crimen organizado.
Un enfoque nuevo
La respuesta del gobierno ha sido inmediata, incorporándose a la lucha a elementos de la policía federal, e inclusive a las fuerzas armadas, bajo un argumento que se está extendiendo entre los gobiernos de la región, como es la declaratoria de los delitos vinculados al narcotráfico, como actividad terrorista, tal como fuera declarado en Ecuador unos meses antes. Justamente, sería Guayaquil la referencia que, ya en enero pasado, había hecho la ministra Bulrich, para poner en perspectiva la gravedad de lo que podía pasar en Rosario, lo que efectivamente, apenas a los dos meses, ha dado lugar a esta decisión.
¿Terrorismo?
Antes que los siempre atentos defensores de los derechos de sicarios, secuestradores y asesinos, pongan el grito en el cielo porque se está equiparando sus acciones a actos terroristas, se debe hacer una reflexión sobre la definición del término, cuyo fondo está en la aplicación del terror para intimidar a la población, con un propósito muy específico, el alcanzar el control sobre esta, a nivel local, regional o nacional, por medio de acciones que, por su brutalidad, aterrorizan al entorno social, que se siente indefenso ante éstos.
El terror, que es su instrumento, define cual es el tratamiento jurídico que se debe aplicar. No solamente es terrorismo un ataque a un país, como en el 9/11, o la brutal incursión de Hamas en Israel, hace 5 meses. Es el uso del terror lo que define la naturaleza del delito. El componente esencial del terrorismo, es la aplicación calculada del terror, para los fines establecidos específicos de quien lo emplea.
Inaudito, pero no imposible el permitir que, en una sociedad, a cuenta de la defensa de unos muy sui generis derechos humanos, se pueda llegar a que ésta termine dominada por quienes instrumentan el terror y la violencia para su beneficio, es inaudito, pero lamentablemente, no imposible. Basta la observación de lo que está ocurriendo en lo que alguna vez fue un país, Haití, para darnos cuenta que una espiral descendente hacia la ley de la selva, es una posibilidad totalmente factible. Más allá de unos estertores finales de un intrascendente gobierno, producto de la degradación y descomposición posterior al magnicidio del presidente Jovenal Moise, en el que aparece implicada hasta su esposa, además de varios cargos gubernamentales, el ex primer ministro Claude Joseph, entre ellos.
Una breve memoria
Esto no significa que, antes del magnicidio, el país se hubiera hallado en buen camino, al contrario. Haití, mucho se tiene la tendencia de olvidarlo, fue el primer país en alcanzar su independencia en América, luego de Estados Unidos. La lucha por la independencia dura 13 años, coincidiendo su inicio casi con la Revolución Francesa, en 1791. Concluye con la independencia, en 1804, 18 años antes de Pichincha, y 20 antes de Ayacucho. Será desde Haití de donde partirá la expedición de Bolívar para la independencia venezolana, y será de su presidente, Petion, de quien reciba apoyo material y económico para la campaña libertadora, con la sola condición de que, con la independencia, se liberará a los esclavos en toda Hispanoamérica.