El Tribunal Constitucional fijó el 18 de julio como fecha límite para que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría presenten sus informes sobre las sanciones del Comité por gestión de la información.
Siete personas que se desempeñaban en el sector público, entre ellas el anterior Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Lenin Lara (quien fue alcalde de Esmeraldas en el periodo 2014-2019), han sido sancionadas por la Contraloría General del Estado por el manejo de
información relacionada con la Comisión Interinstitucional. Esta comisión fue creada durante el gobierno de Rafael Correa para investigar el asesinato del general de la FAE Jorge Gabela Bueno.
La Fiscalía y la Contraloría tienen plazo hasta el 18 de julio del 2023 para investigar y sancionar a los exservidores públicos que manejaron información dentro de la Comisión Interinstitucional, que se creó durante el gobierno de Rafael Correa para indagar el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela Bueno.
El Tribunal Constitucional ha iniciado la siguiente fase de su decisión a partir del 17 de febrero de 2023. En dicha sentencia, el tribunal consideró que se vulneró el derecho a la verdad de Patricia Ochoa y su
familia. Esto debido a la desaparición de un producto adicional elaborado por el perito Roberto Meza Niella. Dicho producto formaba parte de una consultoría encargada por el ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del Comité Interinstitucional.
A raíz de este fallo, el gobierno de Guillermo Lasso tuvo que crear una Comisión Coordinadora. El objetivo de esta Comisión fue recurrir al perito forense Roberto Meza Niella para reconstruir el tercer producto, derivado de una investigación no judicial. Este producto tenía como objetivo identificar a los posibles planificadores detrás del asesinato de Gabela en diciembre de 2010.
Meza afirmó que el tercer producto incluía hallazgos que indicaban que la muerte de Gabela no fue resultado de un delito común, como había anunciado previamente la Comisión Interinstitucional. En cambio, es
probable que estuviera relacionada con las denuncias que hizo sobre irregularidades en la compra de helicópteros Dhruv para la FAE. Los helicópteros fueron adquiridos por 45 millones de dólares y quedaron
obsoletos tras estrellarse cuatro de ellos.
El especialista regresó a Ecuador en mayo y comenzó a reconstruir el tercer punto. Al examinar los documentos recopilados de varias organizaciones públicas, el especialista observó que no había ninguna
copia del documento que redactaron allá por 2013.
Producto de sus auditorías, la Contraloría señaló responsabilidades de tipo sanción administrativa a:
Lenin Lara Rivadeneira
Jorge Pazmiño Granizo
Jéssica Jaramillo Yaguachi
Cristina Calvopiña García
Gabriela Espinoza
Cabezas Luis Mendoza
Jiménez Geovanna Palacios Torres
El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia de seguimiento, en la que ordena a la Fiscalía y a la Contraloría que presenten un informe sobre las medidas adoptadas contra los funcionarios implicados en la tramitación de la documentación de la Comisión Interinstitucional. El fallo ha fijado como plazo el 18 de julio de 2023, es decir, cinco meses desde la fecha de publicación de la sentencia de inicio, el 24 de mayo
de 2023.
De acuerdo con la información suministrada por la Contraloría a la Corte Constitucional, Jessica Jaramillo, una de las funcionarias supuestamente sancionadas, aclaró y se dirigió a los medios de comunicación alegando que el organismo de control se limitó a señalar que se había iniciado un proceso en su contra, pero no la mencionó en la resolución final, absolviéndola de cualquier falta.
Nota publicada el día 14 de junio a las 00:015 y actualizada 15 de junio 11:30 am