La Justicia ecuatoriana comenzó hace poco a ponerle un alto, finalmente, al abuso de las garantías constitucionales. Hace dos meses, la Corte Constitucional dio importantes pasos para regular el habeas corpus, y, en días pasados, determinó que los jueces que decidan sobre acciones de protección y otras garantías sí podrán ser procesados, cuando violen normas procesales expresas, por prevaricato. Esto alimenta la esperanza de solucionar esa situación anómala que ha sido una las principales fuentes de desprestigio de la Justicia ante los ojos de la ciudadanía. En un momento en que la lucha contra la inseguridad y la corrupción es prioritaria, los ecuatorianos no tienen por qué tolerar que los principios constitucionales se manipulen para legalizar la impunidad.
Este proceder, no obstante, implica hacerle frente a una red de oscuros cálculos e intereses que opera desde hace lustros. La laxitud, la descentralización y la subjetividad que contempla el sistema de garantías no beneficia a quienes tienen la razón y la ley de su lado, sino a los que tienen la fuerza política y un músculo financiero inescrupuloso. Toda reforma enfrentará una resistencia empecinada y requiere, por lo tanto, una convicción igualmente tenaz. Lo que está sucediendo con el juez que restituyó los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glas es el primer escenario de esta disputa.
El descarado intento de colocar a un sentenciado en la papeleta de votación sirvió para poner a prueba la firmeza del nuevo sistema que se quiere construir. Ahora le corresponde a la Justicia, demostrar, con argumentos a la altura, la firmeza de sus cimientos.