La noticia quizá pasó desapercibida: una madre fue detenida por usar a sus ocho hijos para ‘mendigar’ en las calles de Guayaquil. Los niños, informaron las autoridades, serán enviados a distintas casas de acogida.
Casos de explotación y abuso infantil, ya sea físico, laboral o sexual, abundan. El deterioro de las condiciones sociales y económicas en América del Sur, hacen más visibles y frecuentes las escenas de niños mendigando las calles y algunos esclavizados en prostíbulos suburbanos que operan con permisos legales, a vista y paciencia de toda la sociedad.
Un gobierno que se denomina ‘pro vida’ debe implementar políticas públicas intersectoriales que apunten a una real defensa de la familia -en cualquiera de sus formas- y sus miembros más vulnerables, los niños.
Apresar a una madre para procesarla por actuar con negligencia, irresponsabilidad o desidia con sus hijos, el separar a los menores en distintas ‘casa de acogida’ y quizá abandonarlos a la suerte del Estado es aún más negligente.
El urgente rescate del sistema educativo, en el que se exija acceso a la educación a todos los niños que habitan en territorio nacional, que incluya instrucción sexual y reproductiva moderna, la educación de padres y madres para el adecuado cuidado de sus hijos, el acceso a herramientas e información efectiva para la planificación familiar y la prevención del embarazo, y un constante monitoreo sobre la salud mental, exige la articulación del Estado central, los gobiernos locales y la sociedad civil. El plan para erradicar la desnutrición crónica infantil es una prueba de fuego que podría sentar las bases de una verdadera política de Estado que rescate a la niñez, pero es solo un comienzo y, cualquier resultado, está por verse.
Por atender la coyuntura, el desgaste de la institucionalidad y la tiranía de la inmediatez, hemos dejado el futuro a la deriva. Sin atención ordenada y urgente, ¿cuántos niños se quedarán sin futuro?