Hace siete años, diario El Comercio cambió de manos tras una cuestionable maniobra que requirió la complicidad del Estado. Por un lado, fue necesario que el régimen de aquel entonces creara un clima económica y políticamente hostil para la prensa, que terminara de convencer a la familia propietaria de vender el diario que habían manejado por más de un siglo. Por el otro, las autoridades permitieron que, por medio de burdas artimañas, se empleara en la compra dinero cuya procedencia nunca estuvo clara y que la propiedad del medio terminara diluida entre una serie de testaferros —entre los que se cuenta incluso un extranjero, algo ilegal, reconocido por su absoluta carencia de principios, su despreocupación por la democracia, la pluralidad y la libertad de expresión, y su crónica devoción al poder político.
El proyecto de los nuevos dueños de El Comercio también estaba construido alrededor del Estado —una apuesta siempre arriesgada en un país volátil—. Le apostaron a que la tiranía se perpetuaría y que ellos, tal y como tantos medios hacen en diferentes países del continente durante las dictaduras, florecerían también atados a esta, viviendo de la publicidad oficial y de acceso privilegiado a información gubernamental. Pero las cosas tomaron otro rumbo.
Hoy, pese a toda esta nociva intervención y al funesto historial en el manejo de medios propios e incautados, el Estado —movido por afinidades personales y cálculos políticos— amenaza nuevamente con meter mano en un nuevo intento de compra-venta de El Comercio. Si es que va a ser así, la ciudadanía tiene derecho, ahora sí, a que el Gobierno transparente por completo sus intereses y su injerencia.