Llama la atención que, luego de un año, el Gobierno siga con una política petrolera errática. El presidente Guillermo Lasso insiste, pese a las puntualizaciones y advertencias de diversos especialistas, en su promesa de elevar la producción a un millón de barriles por día; sin embargo, no se ha visto cambio alguno. Las promesas incumplidas y las quimeras siguen apiñándose —como la tan anunciada explotación de gas del campo Amistad o la concesión de la refinería de Esmeraldas— y se baraja proyectos —como el de Sacha— con riesgos cuya gravedad el Gobierno parece desestimar.
Las drásticas y súbitas variaciones en las propuestas del Gobierno, que ahora incluyen plantear modelos de administración conjunta en lugar de las concesiones que anunció, sugieren una falta de estrategia a largo plazo. Al parecer, el criterio y los objetivos del Gobierno en el sector petrolero cambiarán de acuerdo a las variaciones en el precio del barril. Justamente, es el alto precio del crudo lo que le ha permitido al Gobierno salir impune de tantos desaciertos —desde no contar con un equipo técnico de su plena confianza hasta tener que aprender del sector sobre la marcha—.
Elevar la producción petrolera requiere de grandes inversiones, planificación y algunos años para que el Estado coseche sus réditos.
Puede que el Gobierno haya subestimado la complejidad del sector hidrocarburífero. Sin embargo, no tiene sentido seguir aferrándose a promesas imposibles de cumplir. Las autoridades deberían ser transparentes con respecto a sus expectativas y los obstáculos y dificultades que enfrenta el sector; solo así se podrá plantear una política realista.