En medio de la severa crisis fiscal en la que está sumido el Estado, preocupa que gran parte de la discusión a nivel gubernamental y legislativo no sea alrededor de cómo solucionar el problema, sino sobre cómo postergarlo. Estremece pensar que podamos salir de todo esto apenas con más de lo mismo, con uno o dos años de gracia y la misma incertidumbre de siempre.
La sensatez económica del país sigue estrangulada entre dos fuerzas que impiden cualquier intento de reforma profunda. Por un lado, subsiste una clase política con una comprensión económica muy reducida, malacostumbrada a cuadrar año a año las cuentas con trucos cortoplacistas. Enfrentada a la elección entre conservar su capital político y construir unas finanzas públicas sanas y sostenibles, elige siempre la primera, y así el problema se perenniza. Por otro lado, persisten los grupos radicales que insisten en agendas divorciadas de la realidad. Se oponen a cualquier medida que pueda traer crecimiento económico —reforma laboral, reducción de subsidios, minería, explotación petrolera, etc.—, pero al mismo tiempo exigen un Estado que ofrezca abundantes servicios de calidad y gratuitos —desde gasolina subsidiada hasta educación, salud y jubilaciones—.
Algunos sectores no quieren contribuir porque aseguran que el Estado es ineficiente, otros porque quieren que se les cobre más y primero a ‘los ricos’, y, en medio, la clase política piensa que puede resolver todo solo con más endeudamiento y contribuciones especiales, sin afectar su popularidad. ¿Cómo se puede encontrar así una salida? Mientras la clase política carezca de verdadera comprensión económica, seguiremos patinando en el lodo.