Cuando un Estado ya no puede garantizar los servicios básicos a la población, el declive es innegable. La electrificación debería ser un problema superado, propio del siglo pasado, pero ahora queda claro que en Ecuador las conquistas son inciertas incluso en ese ámbito.
Construir la base energética de una sociedad no toma unos años, sino varias décadas. Igualmente, destruirla requiere más que un exabrupto de incompetencia o un puño de malas decisiones; se necesitan al menos varios lustros de prácticas nocivas y de consistente irresponsabilidad. El sistema eléctrico que al país le ha tomado más de medio siglo construir tambalea por falta de visión, prudencia y mantenimiento.
Cuestiones fundamentales como la energía —incluso también la seguridad— requieren atención permanente de parte de las autoridades. Sin embargo, en los últimos tiempos los funcionarios que debían hacerlo priorizaron mayoritariamente a las pequeñeces que dictan los escándalos de la coyuntura. Dedicarse a lo engañosamente urgente, en lugar de a lo importante, pasa factura, tal y como está descubriendo el Ecuador. A sabiendas, los gobernantes han preferido postergar inversiones, mantenimiento, proyectos y, sobre todo, las urgentes reformas legales necesarias para dinamizar y sanear el sector eléctrico.
Crisis de apagones como esta son intolerables. Parches de última hora, quizá logren sacar al gobierno saliente de su último bochorno, con altísimo costo. La ciudadanía no debe acostumbrarse porque, si lo hace, se vuelve aún más vulnerable a carencias en otros servicios básicos. El país tiene los recursos humanos y financieros para no tener que pasar más por esto; exigimos que así sea.