Mucho se ha hablado en los últimos años, ante la crisis de seguridad, de la necesidad de fortalecer a la fuerza pública, de desarrollar un sistema de inteligencia y de otros aspectos relacionados con la faceta militar y policial de la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, nada servirá si el país no cuenta con suficientes jueces competentes y honestos.
El talón de Aquiles en la política de seguridad no ha sido las fuerzas del orden ni el marco legal, sino la administración de justicia. Al tremendo golpe para el prestigio y el funcionamiento de las cortes que fueron los casos Metástasis y Purga se suman el acentuado déficit de jueces y el amplio periodo sin formar un nuevo Banco de Elegibles. Ahora, los nuevos concursos constituyen una posibilidad de avanzar hacia el eterno anhelo de una Justicia despolitizada, proba y profesional. Esto depende de que se logre involucrar a la ciudadanía.
El país cuenta con suficiente gente honesta y competente en todos los ámbitos, y el Derecho no es excepción; sin embargo, el profundo desprestigio de la Justicia que se arrastra hace varias décadas disuade de involucrarse en ella. La grave amenaza del crimen organizado requiere que lo mejor de la sociedad ecuatoriana —en conocimiento, honorabilidad y compromiso cívico— esté representada en los juzgados. Si las autoridades logran transmitir este sentido de urgencia a la población, es plausible que una nueva generación atienda el llamado y se produzca un cambio.