El Estado ecuatoriano lleva más de diez años prometiendo la verdad definitiva del asesinato del general Jorge Gabela. Diferentes instancias se han turnado en la tarea: primero le correspondió a Fiscalía y a la Justicia—; luego, en 2012, se creó una comisión desde el Ejecutivo, fundamentada en peritos independientes; en 2018, le llegó el turno a una comisión legislativa, y dos años después la Justicia reabrió el caso; este año intervino la Corte Constitucional, que en duros términos reconoció errores de parte del Estado y ordenó que se entregara a la viuda del oficial asesinado una reconstrucción del ya célebre ‘tercer informe’ elaborado por el perito, radicado en Brasil, Roberto Meza. El plazo vence este 17 de mayo.
Esto coloca al Estado ecuatoriano en la difícil situación de depender, para el cumplimiento de un gravísimo dictamen, de una persona sobre la que no tiene ninguna jurisdicción. Al mismo tiempo, las autoridades dejaron que se creara todo un mito de panacea alrededor del ‘tercer informe’—cuya existencia, guste o no, ya ha sido reconocida por el Estado—, pese a que el propio perito y los miembros de la comisión encargada se han mostrado sumamente cautos al respecto.
Meza terminó en una posición de máxima exposición que nunca persiguió y el Estado debe también contemplar la posibilidad de no contar con él en los términos esperados. En lugar de poner excesiva esperanza en el informe, el país debe recordar que, a la larga, el esclarecimiento le corresponde a la Justicia y que ha sido justamente la actitud evasiva de esta, y su forma de ceder a presiones políticas, lo que dio pie a este angustiante laberinto.