En el año que terminó, Ecuador tuvo que enfrentar desafíos que rebasan las simples discrepancias ideológicas sobre las prioridades en la conducción de los asuntos de gobierno; fueron verdaderas amenazas a la existencia del Estado y a la noción de unidad nacional sobre la que, desde los inicios de la República, descansa nuestra identidad.
La violencia de junio, impulsada por sectores cuyos principios están reñidos con la democracia, se conjugó con la intentona golpista protagonizada por asambleístas desprestigiados. Luego, cuando el Estado estaba aún inmerso en un momento de extrema fragilidad institucional, liderazgos regionalistas desempolvaron la idea del federalismo, con mal disimuladas y desleales aspiraciones separatistas. A su vez, los grupos del crimen organizado internacional emprendieron una ofensiva frontal, que triplicó el número de ecuatorianos asesinados, con atentados terroristas y ataques homicidas contra agentes estatales, y no cejaron en sus esfuerzos de cooptación del poder político. Todo ello desembocó en una intrincada e interminable pugna entre poderes, y de golpes y contragolpes dentro de diferentes funciones del Estado — por la presidencia del Estado, en el Consejo de Participación o contra el Consejo de la Judicatura—. En el contexto internacional, la región experimenta un retorno de corrientes antidemocráticas e incluso a nivel mundial lo sucedido con Ucrania augura un futuro peligroso para los países pequeños.
Es una apuesta temeraria creer que si un país toca fondo siempre rebotará. Hoy, de cara a 2023, la gravedad de los desafíos requiere que, de una vez por todas, trabajemos juntos.