Christian Pérez Escobar
Este es un tema que nadie habla por el rechazo que puede ocasionar una posición de defensa de derechos. Pero, asumiendo el escarnio social que podría ocasionar, es necesario hacer algunas aclaraciones para que no se normalice la xenofobia, se evite la generación de actos de discriminación por la nacionalidad y como consecuencia de estos, se configuren delitos de odio a vista y paciencia de las autoridades.
En efecto, es evidente que nuestro país atraviesa una de las peores crisis de inseguridad que el Estado no ha podido hacer frente. Tampoco es menos cierto que la delincuencia común ha pasado a ser organizada, especializada y profesional y en muchos casos supera a nuestra fuerza pública. Esta penosa realidad es replicada en los medios de comunicación, etiquetando de manera tendenciosa a una nacionalidad específica como la causante de esta problemática, lo que ha ocasionado un rechazo generalizado e indiscriminado a esta.
Pero así mismo podemos ver que las autoridades no reaccionan de manera efectiva a la exigencia social, teniendo su parte de responsabilidad en esta crisis que se empieza a visualizar con el rechazo, marchas y obstaculización de acceso a derechos, motivados por el odio. Ciertamente, la impunidad ocasionada por la falta de eficiencia del sistema de justicia ha generado que la población intente sustituir la justicia estatal, tomando en sus manos acciones que, bajo la premisa de protegerse de la delincuencia, profundizan la crisis ya que sus manifestaciones no se dirigen a la inseguridad, sino al rechazo indiscriminado hacia un grupo de personas específicas.
Hay que exigir con fuerza al sistema judicial que actúe eficientemente. Solo esto hará que la ciudadanía recobre la confianza en sus autoridades y no intente tomar la justicia con sus manos, porque hasta ahora esto solo está generando desplazamientos arbitrarios que en lugar de reducir la delincuencia está aumentando el cometimiento de delitos de odio que también deberán ser investigados y sancionados.