Según una reciente publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, los niveles alcanzados de inseguridad en América Latina además de constituir una inmensa traba en el desarrollo de la región, habrían sobrepasado niveles epidémicos, esto es, según la Organización Mundial de la Salud -OMS- una tasa de homicidios superior a 10 por 100.000 habitantes. Los factores que han permitido que estos índices se sostengan en el tiempo, e inclusive se incrementen en ciertos países de la región como Ecuador, son principalmente los débiles y corrompidos sistemas de justicia, la impunidad, falta de confianza en las fuerzas policiales, falta de equipamiento y preparación de los servicios de inteligencia, y sobre todo las condiciones socioeconómicas que han constituido un caldo de cultivo para el reclutamiento de bandas criminales, y que ahora ubican a América Latina como la región más violenta dentro del ranking de este fenómeno de la criminalidad.
Si bien Centroamérica mantenía las tasas de homicidios más altas, a partir del año 2015 han venido en franco descenso hasta ser superadas por América del Sur. Muchos relacionan a las variaciones en el mercado de la cocaína y la introducción y posicionamiento de otras drogas como el fentanilo, al que se ha incorporado el amenazante mercado de las armas y su escaso control, como la causa de expansión del grado de violencia, lo que según expertos llevaría América del Sur a un camino sin retorno a la Centroamericanización de décadas pasadas, ¡alarmante!
Estos indicadores y el grado de beligerancia que sufre Ecuador en escenarios inéditos, con coches bomba, detonaciones de gran magnitud, y asesinatos que en ciudades como Durán, han llegado a 26 muertos en menos de 24 horas, ponen sobre la mesa ciertas estrategias como las adoptadas en El Salvador, que refleja los índices de muertes violentas más bajas de la región alejándose de una realidad de terror, alternativas que inclusive están bajo el análisis de ciudades como Nueva York. No apuesto por ese modelo como un proceso a largo plazo, pero es real que cada vez se convierte en menos descartable, sin embargo, está claro, que nuestra realidad que exige un pacto nacional, con mayor destino de recursos para fuerzas del orden, y el fortalecimiento de institucionalidad parlamentaria y judicial principalmente. Esperemos lograrlo, porque la situación se nos ha ido de las manos.