«No me interesan esos muertos, sino a los vivos a los que les puedo sacar plata», esto es apenas un pequeñísimo extracto de uno de los chats revelados dentro del caso denominado como ‘Purga’ por la Fiscalía. Lo que está saliendo a la luz, revela una crueldad que hiela la sangre, evidenciando la decadencia institucional de nuestro país, especialmente en un ámbito donde los operadores judiciales ostentan un poder casi divino al determinar la libertad de los ciudadanos a través de sus sentencias.
Este caso no solo exhibe la putrefacción de un sistema donde se comercian actuaciones judiciales, se posponen audiencias y se venden sentencias, sino que también se entrelaza con otras actividades criminales como el lavado de dinero, el narcotráfico, el soborno, el cohecho, favores sexuales, la falsificación de documentos y el tráfico de influencias para obtener cargos públicos. Aquí nadie se salva: funcionarios públicos, judiciales, periodistas, abogados, figuras de farándula, todos estos “emprendedores” parecen contribuir a esta red de corrupción que depreda las arcas del Estado, confirmando que lo que se anticipaba como la punta de un iceberg en el caso Metástasis.
Resulta incomprensible, ¿por qué deberíamos normalizar y aceptar la actividad delictiva de aquellos encargados de impartir justicia, administrar fondos públicos o ejercer el periodismo? No podemos silenciar nuestras críticas bajo la excusa de ser catalogados como “antis” o “enemigos políticos”. Aunque suene absurdo, algunos fanáticos se resisten (a conveniencia) a aceptar la dramática realidad que vive Ecuador y el enjambre criminal que se ha tejido durante años, llegando incluso a desestimar las investigaciones como meras persecuciones políticas.
Son varias las interrogantes, especialmente en torno al contenido de varias sentencias: ¿se dictan conforme a derecho, o son torcidas a cambio de un pago? ¿Cuántos casos trascendentales ocultan la verdad? ¿Seguiremos tolerando la indiferencia legislativa y la complicidad política de aquellos que ostentan el poder? Estas son preguntas que claman por respuestas, en un país que merece una justicia transparente y una gestión pública íntegra.