Cuando en las redes sociales empiezan a abundar publicaciones de expertos en seguridad que, con consejos de autocuidado frente a intentos de secuestro, balaceras o atracos motorizados, superan aquellas que inviten a visitar Ecuador como un destino turístico, se sabe que la delincuencia ha doblegado al Estado.
¿Cuál es la respuesta del Gobierno? El secretario Nacional de Seguridad, Diego Ordóñez, en una entrevista en un medio de comunicación nacional manifestó que están en proceso de compra de chalecos antibalas, cascos, uniformes, vehículos de inteligencia, construcción de cuarteles intermedios, etcétera. Así van más de un año. Las muletillas para justificarse de su inoperancia son “ya se van a entregar, se están comprando, se está entregando poco a poco, hay que respetar los procesos”, es decir, no hay nada en concreto para recuperar la seguridad ciudadana.
Mientras tanto, la Policía Nacional hace lo que puede, en medio de sus limitaciones y necesidades institucionales, exponiéndose y combatiendo, en desventaja, a la delincuencia organizada; en tanto, su Gobierno reacciona con una despreocupación y calma desesperante cuando se trata de brindarles condiciones seguras para que cumplan su trabajo. ¿Se están vulnerando sus derechos humanos? Sí.
Después de todo, cuando se gobierna y ejerce el poder rodeado de una escolta policial, movilizándose en vehículos blindados y viviendo en urbanizaciones que poseen seguridad privada ininterrumpida, no es posible mirar la realidad que viven diariamente tanto los servidores policiales que afrontan una batalla desigual, como el resto de personas vulnerables y expuestas a secuestros, extorciones, sicariatos, entre otros delitos, que vivimos en medio de una sensación de inseguridad permanente.
Al parecer la percepción que tiene el Gobierno y sus altos funcionarios sobre lo que sucede en el país es irreal. Mientras ellos ven espejismos en su gestión, nosotros vivimos una pesadilla interminable. En fin, tengamos paciencia, “en eso estamos”, dice el Gobierno.