El país está viviendo una crisis institucional que es evidente, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no es la excepción.
Según su Ley, esta institución tiene como atribuciones designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las Superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, luego de un proceso de impugnación y veeduría ciudadana; y designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar su proceso de selección.
Como se ve, su función dentro del sistema democrático de pesos y contrapesos es de suma importancia ya que se encarga de la designación de las primeras autoridades de todas las instituciones que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social.
Pero, no es secreto que el Cpccs está atravesando una debilidad institucional que empieza con la denuncia de presiones para nombrar “ilegalmente” a las autoridades de control, el insuficiente presupuesto para su funcionamiento y la crisis interna con mayorías móviles que buscan remover a quien ostenta la Presidencia de esa institución, obstaculizando el desarrollo de algunos procesos como la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y la designación de la/el Defensor del Pueblo, ambos estancados a la espera de la aprobación de los Reglamentos respectivos; la designación de la/el Defensor Público y la/el Contralor General del Estado, ambos con funciones subrogadas desde hace varios años ya, entre otros. Sí, abundan sus discrepancias internas, pero no así su gestión en los procesos de designación.
Frente a este panorama, es evidente que el Cpccs ha incumplido con sus funciones, particularmente con la designación del titular de la Superintendencia de Compañías y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral que expresamente tienen formas y tiempos señalados en la Constitución de la República y en la Ley del Cpccs, lo cual ya podría dar paso a un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones.
Con este antecedente, el problema es claro. El Cpccs no está en su mejor momento, sin embargo, volver a la designación de autoridades a través de la Asamblea Nacional no es la solución, ya que la historia nos ha dado lecciones importantes sobre esos procesos que responden frontalmente a intereses políticos. Necesitamos un baño de honestidad que permita al Cpccs cumplir con la finalidad para la cual fue creado: alcanzar la transparencia, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.