Este año los grandes retos del Gobierno del Presidente Lasso, no son pocos, principalmente siguen a cuenta la reactivación económica que según el oficialismo dependía en parte de la aprobación de la reforma tributaria, que entró por el Ministerio de la Ley y al cual no se le cambió una sola coma, frente al inmovilismo de la Asamblea para ponerse de acuerdo y rechazar o reformar la propuesta original y, la propuesta de reforma o código laboral paralelo, que si mantiene las propuestas del proyecto inicial, sería la reforma en materia laboral más ambiciosa en los últimos 50 años.
El país tiene que enfrentar un nuevo ciclo en el que la deuda y la recaudación que vendrá de la reducción de las deducciones al impuesto a la renta por la vía de los gastos personales declarados, se piensan como las principales fuentes de ingreso para el Gobierno, así como la expectativa de la recuperación del precio del barril de petróleo WTI de referencia para el crudo ecuatoriano.
El Presidente se la ha jugado con su propuesta de carga impositiva a las clases medias altas, esto puede reducir el consumo de bienes y servicios, porque lo que se traduce como un aumento al impuesto a la renta, significa mayores recortes en el consumo familiar, las familias frente al básicamente aumento del impuesto a la renta recortaran su planificación mensual en el lado del consumo de servicios, priorizando las necesidades básicas.
En un mercado como el ecuatoriano, donde es el mercado de servicios: alimentación, belleza y turismo, el que mayor cantidad de inmersión tiene en el mercado y, es la principal iniciativa de emprendimiento de las clases medias, estos recortes y ahorros familiares puede significar la reducción de su consumo.
La reforma laboral podría significar “ahorros” para las clases medias y las empresas familiares, pero, a costa del peso en los sectores populares y los jóvenes profesionales, pues las expectativas iniciales de la ley, precarizaban las condiciones laborales y reducirían las posibilidades de estabilidad, generando además inseguridad jurídica y una confusión frente a dos cuerpos normativos paralelos, que es lo que planteaba el gobierno.