Hace algunos días, la Conaie y más de una docena de movimientos sociales han venido anunciando movilizaciones a nivel nacional, que empezarán hoy, lunes 13 de junio, de manera indefinida.
En este contexto, es inevitable recordar los hechos sucedidos en las movilizaciones de octubre de 2019, en las que existió un caos y hechos de violencia desproporcionados que dieron lugar a que el Defensor del Pueblo de entonces, Freddy Carrión, impulse acertadamente la creación de una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia de los hechos ocurridos entre el 3 y el 16 de octubre de 2019 -independiente y plural- , que analizó cada caso y en su informe obtuvo como resultados la existencia de 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad, 22 atentados contra el derecho a la vida, 20 lesiones oculares, seis ejecuciones extrajudiciales, tres casos de violencia sexual, y se concluyó que “el Estado ecuatoriano violentó gravemente los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal”.
Sin embargo, de las recomendaciones de investigar y sancionar a los presuntos responsables, sin ninguna influencia indebida, y restituir a las víctimas en sus derechos o compensarlas por los perjuicios sufridos, nada se ha hecho hasta el momento, quedando dicho informe en el olvido y las violaciones de derechos humanos impunes.
Como se ve, la situación es preocupante, y lo ocurrido en 2019 no fue una incitación para provocar victimizaciones, como desafortunadamente lo ha manifestado el Ministro del Interior, sino más bien, a decir del informe de esta Comisión, incluso, existieron elementos que podrían configurar un posible crimen de lesa humanidad.
En estas circunstancias, es menester que la Defensoría del Pueblo, como institución nacional de Derechos Humanos, así como también la Secretaría de Derechos Humanos, realicen un acompañamiento y generen presencia en este proceso de movilización para prevenir excesos y así no tener que incurrir nuevamente en la creación de una nueva Comisión de la Verdad que, al igual que la última, su informe sea ignorado.