Seguridad Ciudadana: Responsabilidad desde las políticas públicas

Rompiendo silencios
Rompiendo silencios

María Fernanda Idrobo Flores

Hoy en día, nuestro país atraviesa momentos de inseguridad crítica. La violencia ya no discrimina ciudades, barrios, ni horarios. Esto se debe, en primer lugar, a la proliferación en Ecuador del narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato, principalmente, así como con lo ocurrido recientemente en las cárceles (los conflictos entre bandas).

Para esto utilizo la teoría de la tensión que sostiene que los problemas socioeconómicos afectan a un gran estrato de la población, especialmente a los más vulnerables, tienen el potencial de crear una atmósfera de presión que impulsa a las personas a cometer delitos. A más de ello, otro de los factores que generan inseguridad tiene que ver con el incremento de la violencia social.

Es cierto que la situación de inseguridad es más grave en provincias donde hay mayor presencia de actividades ilícitas. Sin embargo, en todo rincón del país hay problemas de inseguridad relacionados con delitos menores pero no menos importantes, que día a día tienen mayor presencia.

Pese a que gran parte de la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana recae principalmente en el Gobierno de turno; la Policía Nacional y el sistema de justicia, los gobiernos subnacionales deberían tener un mayor protagonismo. El literal n) del Art 54 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) faculta a los GAD municipales a la “creación y coordinación de los consejos de seguridad ciudadana con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados… los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”. El literal n) del Art. 50 del mismo código fija también atribuciones en esta materia para los GAD provinciales.

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