La crisis carcelaria

Giuseppe Cabrera

Ante la crisis el Presidente Lasso decide redactar un tweet culpando a la Corte Constitucional, usando la única solución que tiene ante los problemas del país, es decir, culpar a las instituciones. Sino es culpa de la Corte, lo es de la Asamblea o del triunvirato de la conspiración, pero, hasta entonces no tienen idea de cómo responder a la grave crisis que se está produciendo.

Es evidente que no se puede meter a los militares en las celdas, por dos claras razones, la primera porque es admitir tácitamente que la Policía Nacional es completamente incapaz de hacerle frente al problema y, segundo porque envías el mensaje de que lo que buscas es una guerra abierta entre los reclusos y las fuerzas armadas, en una carnicería sin precedentes. Las fuerzas armadas tienen formación para la guerra, no hay más vueltas que darle. Una guerra civil entre PPL y militares parece el escenario de una película tiránica de algo sin precedentes en la región y que nadie creo que está tan loco como para sugerirlo.

Una muerte más o una menos el Gobierno no quiere o no es capaz de decirnos la verdad de qué está sucediendo adentro. Mientras su versión apunta a guerras entre cárteles de droga mexicanos, reportajes periodísticos señala que no es ni cerca lo que pasa, sino que, ante el vacío de poder tras la muerte de rasquiña, las células producto de esta organización se disputan espacios e influencia con la concurrencia del Sistema Nacional penitenciario con complicadas redes de corrupción que incluye guías penitenciarios y policías. Sino somos capaces de identificar y definir con claridad el problema, nos vamos a poder dar soluciones reales a lo que está pasando. Esto sumado de la mano de un rediseño institucional profundo al sistema de rehabilitación nacional, que incluya mejores al COIP para que no sea la primera medida exigida la prisión preventiva, que no se elimine la tabla de porte de drogas, para ser capaces de diferenciar entre consumidores, micro traficantes y traficantes y darles el trato diferencia que la ley y la Constitución prevé. Y, finalmente dejar de improvisar y poner al frente de las instituciones a gente que sepa de política criminal y carcelaria.