Para quienes interactuamos de manera constante con el sistema judicial, nos constituimos como testigos de la calamitosa situación por la que este atraviesa. No me refiero exclusivamente al cuello de botella que implica el proceso de citaciones, que acumula incesantemente el número de causas en los distintos juzgados, sino los limitados recursos y jueces para despachar las causas que motivan al ciudadano a perseguir justicia por las razones que se creyere asistido.
Es que el derecho de acceso a la justicia constituye una garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, de los individuos que somos parte de la sociedad, y tal derecho, envuelve un proceso breve, sin dilaciones ni obstáculos, entre otras particularidades. Es decir, todo lo contrario de lo que debemos soportar los ecuatorianos, bueno, excepto aquellos que por su condición política o vínculos con el poder, consiguen “atajos” y decisiones judiciales a la carta. Con seguridad habrá escuchado que a través acciones constitucionales peligrosos individuos obtienen su libertad, se consiguen reparaciones económicas o cualquier cosa que usted se puede imaginar, sin embargo, debo aclararle que esa maravillosa justicia no es para todos, el ciudadano común que confía en que sus derechos podrán ser restituidos o reconocidos por medio de acciones constitucionales, debe saber que, muy probablemente los jueces rechacen su acción alegando un asunto de mera legalidad, sin verificar si quiera si existe o no vulneración de derechos constitucionales. Así también su proceso, contraviniendo lo que señala la ley, deberá esperar “un poquito más” que aquellos que tienen cierta connotación, presión o importancia, para ciertos grupos de poder.
No con esto pretendo obviar la crítica situación del sistema de justicia, a la cual se suma la constante amenaza para los juzgadores que se encuentran acorralados al momento de expedir sus fallos en procesos que se involucran con organizaciones delincuenciales, regresando al “plata o plomo” que impusieron los cárteles colombianos en la década del ochenta y noventa. Lo que si resulta evidente y claro es, que un sistema judicial desinstitucionalizado, sin recursos, sin mecanismos que protejan a jueces y fiscales, representa un caldo de cultivo para lo que ahora travesamos, sacudiendo el tapete bajo el cual durante años se ocultó el terrorismo y narcotráfico.