Estamos por conmemorar los 200 años de la batalla de Pichincha, que dio paso a la construcción de nuestra nación – estado denominada Ecuador; y como es normal, en medio de esta remembranza, aparecen preguntas sobre la existencia pragmática de nuestra independencia.
Sin duda que el proceso de independencia fue una revolución en la que existieron más rupturas que las continuidades impuestas por el status quo. Si bien en lo político el proceso de independencia generó una ruptura en la subordinación política, social y económica entre los territorios de las actuales repúblicas latinoamericanas con la Monarquía Católica, se cambió el poder de protagonistas, pero no se lo democratizó.
Los nuevos sectores dominantes, según el historiador Enrique Ayala Mora, “cambiaron el discurso de la libertad por el orden, y trataron de que el cambio de manos del poder no afectara en su raíz a sus desigualdades”; es decir, los mismos criollos y sus grupos cercanos que gobernaban a nombre de la monarquía trataron de que se mantenga esa estructura de poder.
En definitiva, el proceso de democratización posterior del poder ha intentado que esa independencia se plasme en la realidad a través de la apertura de la participación política a los hombres y mujeres, eliminando requisitos patrimoniales y de educación; sin embargo, hoy tenemos en el horizonte un nuevo proceso de independencia frente a actores políticos y económicos internacionales.
Fue noticia reciente, por ejemplo, el beneplácito del FMI respecto al cumplimiento de las metas fiscales impuestas al Ecuador, por lo que ha dado “el visto bueno para que suba el gasto en obra pública”, lo cual evidentemente afecta nuestra soberanía y la capacidad de decidir las prioridades de inversión pública que, como sabemos, no ha sido la garantía de derechos a la salud, educación, seguridad, entre otros.
Hoy, la lucha de independencia no es en contra de las monarquías. El nuevo frente son los organismos, poderes y estructuras internacionales y multinacionales que tienen un interés político mezquino que sacrifica el ejercicio de derechos.