Hace poco más de un año en esta misma columna escribí un pequeño artículo en el que, partiendo de la difícil situación que implicaba el confinamiento general para los dueños de pequeños negocios, abogaba por el establecimiento de un tratamiento que contemplara por una parte un período de gracia que cubriese por lo menos el tiempo de inactividad, y la restructuración de sus deudas, con plazos más largos y condiciones acordes a la situación por la que atravesábamos todos por la pandemia.
Es penoso que ese aporte en una época de confusión no haya tenido el menor eco y, al contrario, cada día nos enteramos de la persecución de que son objeto los pequeños deudores que no pueden cumplir sus obligaciones y sus secuelas: amenazas de embargo, negocios cerrados, personal despedido y otras consecuencias negativas. Hoy, cuando el nuevo Gobierno ha anunciado medidas para reactivar la economía, me permito insistir en la idea: períodos de gracia y restructuración de las deudas para que los negocios que aún sobreviven puedan tener alguna opción de recuperación y, aquellas personas que quebraron al no tener ingresos y se encuentran ahogados por las deudas, puedan tener un respiro y porque no, intentar alguna nueva actividad económica que aproveche su experiencia y conocimientos acumulados a través de los años que pudieron mantener sus negocios.
Para ello, las entidades financieras, grandes y pequeñas, requieren contar con el incentivo de que ante la contingencia de que estas facilidades para sus clientes pudieren afectar su liquidez, con recursos de organismos multilaterales de crédito, el Gobierno estructure un fondo de contingencia al que podrían recurrir las entidades crediticias ante una eventual iliquidez.
Ojalá este planteamiento tenga asidero en los órganos de regulación monetaria y financiera y se evite que más y más hogares y emprendedores sigan sufriendo la persecución de sus acreedores.