Entre confiscaciones y palizas

Carlos Arellano
Carlos Arellano

Días antes de Navidad, numerosos comerciantes informales fueron víctimas del abuso de múltiples funcionarios municipales. Entre gritos, amenazas, agresiones e insultos, padecieron el autoritarismo de una Municipalidad que repite las equivocaciones de sus antecesores. La informalidad es, sin duda, un problema complejo; sin embargo, perseguir y maltratar a cualquier comerciante autónomo es contrario a una solución inteligente y digna para esta grave problemática.

En las estrechas calles del centro de la urbe, especialmente alrededor de los mercados Modelo y Primero de Mayo, los camiones municipales circulan frecuentemente con funcionarios que parecen ávidos buitres. Armados con toletes y gas pimienta, acechan a los comerciantes como si hubiesen cometido un delito, forzándolos a entregar sus mercancías para no agredirlos u obligándoles a huir.

La persecución que experimentan estos comerciantes se remonta décadas atrás, desde la gestión de Luis Fernando Torres hasta la de Javier Altamirano. A pesar de estos años de hostigamiento, ninguna autoridad ha logrado comprender ni transformar esta realidad. Incluso, en la anterior administración, se articularon grandes operativos entre la Policía Nacional y los agentes de control que jamás lograron su objetivo.

Más allá de las causas estructurales, como la pobreza o la escasez de empleo, difíciles de transformar desde una administración local, es posible actuar con decencia y humanidad. Una reorganización de plazas y mercados, a menudo en lamentable estado, junto con medidas de higiene adecuadas y seguridad para los usuarios, podría ser un paso.

Los mercados y calles aledañas a los mercados a menudo se convierten en vertederos, baños públicos, y refugio de delincuentes que atacan sin temor a los transeúntes y ahuyentan a los compradores, quienes encuentran en la informalidad la seguridad que en la red de mercados no hallan.

Sin duda, la ciudad necesita controlar la informalidad, pero esto va más allá de confiscaciones y palizas. Requiere la implementación de políticas públicas que aseguren espacios para los comerciantes, acompañamiento, líneas de crédito, seguridad y un enfoque humano hacia los cientos de trabajadores que luchan por obtener el sustento para sus familias.