Giuseppe Cabrera
El problema de la inseguridad justifica cualquier medida del Gobierno, invistiéndola de una superioridad moral que hace difícil su discusión, porque hacerlo es no ser consecuente con la situación o peor aún, ponerse de lado del narcotráfico así, proponen la subida del IVA al 15%, la privatización de la energía eléctrica, un TLC con China que nos convierte en su basurero o la inmunidad para tropas militares y contratistas estadounidenses durante sus actividades en suelo ecuatoriano. Todas estas medidas que a la luz de la opinión pública y la fuerza de las circunstancias parecen necesarias o justificables son lo que se denomina la “doctrina del shock”, que es el aprovechar los escenarios excepcionales y de álgida crisis, como desastres naturales, el colapso financiero de 2008 o en este caso, el estado de guerra para implementar medidas que favorecen a los grupos de poder y económicos, promueven los recortes al sistema social o aumentan impuestos a las clases populares a la par de que se condonan deudas a los grandes contribuyentes.
A la declaratoria de conflicto armado no internacional o estado de guerra, le hacían falta varios requisitos para que se considere como tal en el marco del derecho internacional público y humanitario y, aunque puedo entender que en el plano del sistema político ecuatoriano era la única figura que convencía a las Fuerzas Armadas de asumir el rol frontal que están ejerciendo, debe también medirse las consecuencias que podrían derivarse en cortes internacionales de usar figuras jurídicas extrañas para la situación y la región, reformar la constitución y cómo funcionan las Fuerzas Armadas y especialmente la Policía Nacional, con fuerzas especiales para hacer frente a los retos del crimen organizado y el narcotráfico actual parecen ser una urgencia, que no está siendo abordada en la propuesta de consulta popular planteada por el Gobierno Nacional.
¿Enfrentar el crimen organizado y la violencia? Claro que sí, pero, que eso no se convierta en pretexto para aplicarnos políticas de recorte y regresión popular, porque a la larga, sería ingenuo e insensato creer que en 60 o 90 días que puede durar el estado de excepción el país va regenerarse.