En el primer semestre del año en curso, el Gobierno Nacional percibió un incremento de sus ingresos fiscales gracias al aumento de su recaudación tributaria y al alto precio del barril de petróleo, lo que significó el acrecentamiento del presupuesto general del Estado para la implementación de la política pública. Sin embargo, su nivel de ejecución ha sido baja en varias de las instituciones que forman parte del ejecutivo.
En efecto, según un informe elaborado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo respecto al nivel de ejecución presupuestaria durante este primer semestre, tres entidades han ejecutado menos del 10% de su presupuesto anual. así, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades.
Respecto a esta última, una consecuencia de esta baja ejecución puede ser la inexistente gestión política que ocasionó la última movilización de los pueblos y nacionalidades indígenas. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables es la institución con peor ejecución, apenas el 5,01%.
Lo que sigue: el Ministerio de Economía y Finanzas ejecutó el 19,9% de su presupuesto; el Ministerio de Trabajo, el 21,24% y la Presidencia de la República solamente devengó el 21%, a pesar de haber duplicado su presupuesto para el año 2022.
Ahora, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas ejecutó apenas el 28% de su presupuesto anual; mientras que en similar porcentaje se encuentran el Ministerio de Agricultura, el de Ambiente y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
Llama la atención que el Ministerio de Salud haya ejecutado apenas el 39,89% de su presupuesto anual y el Ministerio de Gobierno el 31,54%, mientras que el sistema de salud pública y la seguridad ciudadana se encuentran en una grave crisis.
En definitiva, como se puede ver, al parecer la falta de atención a los derechos sociales que existe en el país no tiene como origen la falta de presupuesto, sino la ausente capacidad de gestión de los mismos.