Maurice Duverger, politólogo francés, en su obra ‘Les parties politiques’ (Los partidos políticos), manifestaba que los partidos políticos, sus miembros y las autoridades, son una muestra clara de la sociedad a la cual representan. Cuánta razón hay en esta corta, pero contundente afirmación: las y los ecuatorianos somos ingobernables.
Últimamente nuestro país vive una crisis política profunda de confrontación política, lo que incluso se ha materializado en acusaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo, denunciándose la presencia de legisladores “chantajistas, ladrones, extorsionadores y que piden dinero en efectivo”, entre quienes negaron el Proyecto de Ley de Inversiones, lo que ha profundizado el debilitamiento en la relación entre estos dos poderes del Estado.
Este escenario ha ocasionado una escalada de mediciones de poder y ha dado paso a una crisis política de gobernabilidad. Frente a esto, una de las salidas constitucionales que está sonando es la “muerte cruzada” que implica la disolución de la Asamblea Nacional por iniciativa del Presidente de la República, previo el dictamen favorable de la Corte Constitucional, conforme lo determina el artículo 148 de la Constitución de la República; o la destitución del Presidente de la República por impulso de la Asamblea Nacional, en los términos que determina el artículo 139 de la Constitución de la República.
Esta, siendo una salida posible a la crisis política existente, esta siendo medida en cuanto al posible desenlace puesto que, al convocarse a nuevas elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos, corren el peligro de no alcanzar una reelección; y de manera particular, en el caso del Presidente de la República, los problemas económicos, de seguridad, desempleo, la falta de cumplimiento de sus propuestas de campaña y su posición personal extremadamente conservadora frente a temas de relevancia social como el aborto por violación, han ido minando su aceptación al punto que, la última encuesta de Perfiles de Opinión realizada en marzo, en las ciudades de Quito y Guayaquil, identifica que el 49,89% de entrevistados califica su gestión como mala.