Andrés Ojeda Sotomayor
Durante el gobierno de Guillermo Lasso se suscribió el Decreto Ejecutivo No. 735, creando la Corporación Galápagos Life Fund (GLF) como mecanismo de «canje de deuda pública por conservación», haciendo creer a la población que fue «el mayor canje en la historia de la humanidad». A mi entender, en el referido decreto existen inconsistencias al no especificar las formas de pago de la deuda; dejando entredicho que el control de las islas y su capital natural se adjudicó a un fondo de origen estadounidense. Esto podría derivar en pérdida de soberanía y lo que es peor; los activos naturales, la biodiversidad y los recursos genéticos estarían siendo prácticamente hipotecados.
Los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio Exterior, Ambiente y Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, integrarán el directorio del GLF. La Ministra de Ambiente, Sade Fritschi, ocupará el cargo de Directora Especial y concedería ciertos derechos especiales al fondo. A recordar que la actual Ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, integró el equipo negociador del Yasuní ITT durante el gobierno de Correa. Los fondos del GLF serán destinados a proyectos de conservación en la Reserva Marina Galápagos, incluyendo la nueva Reserva Marina Hermandad; abarcando 30.000 km cuadrados de zona intangible donde la actividad extractiva de especies amenazadas está prohibida.
La riqueza natural del país es inalienable, irreductible, inviolable e invaluable. En mi sentido común, creo que los ciudadanos debemos ser informados sobre el trasfondo de esos «derechos especiales» y sus implicaciones para el patrimonio de la humanidad. Al haber presunción de inconstitucionalidades en el decreto, su derogación deberá ser analizada por la Asamblea Nacional por posibles vulneraciones a los ecosistemas frágiles de las Galápagos. De no ser así, se estaría incurriendo en una falta de fiscalización del extractivismo y en una grave omisión del Estado.