Ecuador es el país de América Latina, que más consultas populares de iniciativa presidencial ha tenido, solo Uruguay ha tenido más consultas, con la diferencia que de iniciativa ciudadana, esto, al contrario de ser signo de una democracia participativa, es el rasgo de un sistema deficiente que aún no sabe cómo gestionar las relaciones ejecutivo-legislativo y se las salta con plebiscitos. Es así entonces que las consultas han servido para brindar gobernabilidad al ejecutivo más que como un proceso de deliberación pública, sobre temas que requieren el consenso de la mayoría.
La consultas de los expresidentes, Correa en 2010 y Moreno en 2018, ocultaban una gran victoria política: meterle la mano a la justicia, cambiando la estructura del Consejo de la Judicatura y cambiar las autoridades de control, cercanas a la revolución ciudadana, a través del CPCCS-T presidido por el Dr. Trujillo.
¿Qué gana Lasso con la consulta?, no le brinda las mismas herramientas de injerencia y gobernabilidad que tuvieron los procesos anteriores y, por el contrario sería la primera consulta que pierde un Presidente desde 1995, con la segunda consulta promovida por Sixto Durán Ballén.
La consulta del Presidente Lasso, podría terminar convirtiéndose en una votación sobre su gestión, desviando la discusión sobre la pertinencia o no de aprobar las preguntas, tal como ha pasado en Chile, en la que la baja aprobación al Gobierno de Boric se tradujo en un rechazo a la nueva Constitución.
La primera derrota del Presidente, podría ser la institucional, pues la consulta requiere dictamen previo de constitucionalidad para poder ser convocado, trámite que lo va a realizar la Corte Constitucional conforme el art. 104 de la Constitución. Hay por lo menos tres preguntas que podrían ser rechazadas por ir en contra de las líneas jurisprudenciales de la Corte IDH en el caso de la complementariedad de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, regresivas en derechos en el caso de la extradición de ecuatorianos y, requerir dos debates en la Asamblea Nacional, en caso de ser reforma parcial, como el caso del traspaso de designación de autoridades del CPCCS a la Asamblea.