Consulta Popular, decepción

Christian Pérez Escobar

Daniel Noboa ha enviado a la Corte Constitucional las once preguntas que pretende poner en conocimiento del país en consulta popular. Esta tiene 20 días para emitir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de lo planteado, analizando la forma de proponer estas preguntas, la individualidad de los temas a consultarse, que su objetivo no sea beneficiar a un proyecto político y que la propuesta normativa tenga efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico.

Ahora, siete de esas once preguntas plantean al electorado si está de acuerdo con que se envíen a la Asamblea Nacional cinco proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal, una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, una a la Ley de Movilidad Humana y la creación de una ley sobre casinos, fijándose un plazo excepcional de 60 días para debatirlos y aprobarlos, contrario a plazo normal que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa que señala que puede tomar hasta seis meses para aprobar un proyecto de ley ordinaria en dos debates, tiempo que incluso podrían extenderse entre 20 y 90 días más por prórroga.

Hasta aquí, cabe cuestionarse si, por la temporalidad y urgencia de cambios normativos para combatir a la inseguridad, es aceptable realizar una consulta popular o bastaría generar una operación política efectiva entre el Ejecutivo y el Legislativo para plantearse una agenda de prioridades normativas. O si, por otro lado, esta consulta popular únicamente es una herramienta para alcanzar legitimidad y cosechar un capital político para el gobierno de turno, ergo, beneficiar su proyecto político.

En fin, sin duda que estas preguntas están planteadas tácticamente para que, aprovechando la desesperación ciudadana, la propuesta de seguridad que plantea Noboa obtenga un éxito electoral que le permita cosechar un capital político con una victoria fácil. El “sí” lo tiene garantizado. Esto, en detrimento de sacrificar la oportunidad de realizar una consulta popular con toda la inversión económica que esto resulta, proponiendo cuestiones de fondo que realmente puedan darnos una salida radical a la crisis que atraviesa el país.