Frente a los hechos registrados en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, cuyos resultados han dejado más de 80 fallecidos, por causas crueles como decapitamiento, machetazos, y tiros de fusil, ha quedado al descubierto, las graves falencias del Estado, en la responsabilidad logística de acoger a los ciudadanos, que por alguna felonía, han sido condenados a cumplir penas de prisión en el Ecuador.
Así como los hechos de corrupción cometidos por Rafael Vicente y su combo, igualmente ahora nos damos cuenta que la corrupción también ha contaminado al sistema carcelario, mal llamado de rehabilitación; pese a que existe todo un aparato burocrático, desde Ministro, Subsecretario, Jefe de los Centros de rehabilitación social en cada provincia, que están llamados a controlar el orden, la disciplina, alimentación y rehabilitación social de aquellos ciudadanos que han perdido su derecho a la libre circulación, y que los recluyen en centros, para ser rehabilitados, en su conducta.
Y que además mejoren su nivel educativo y profesional; observamos con pena, que no se cumplen ninguno de estos principios universales, aquellos funcionarios responsables, se conforman con cobrar su sueldo, y, no se preocupan de implementar políticas públicas de verdadera rehabilitación, no hay salones de estudio, no hay posibilidad de adquirir una carrera profesional, no hay talleres laborales de carpintería, campos agrícolas para aprender a sembrar y cosechar verduras; por el contrario estos centro de reclusión, están sobre poblados, con hacinamiento de seres humanos, sin servicios higiénicos, sin una alimentación mínima, sin canchas de recreación y áreas verdes; y, los propios guardias de seguridad carcelaria, son los cómplices que cobran para que ingresen armas, droga, teléfonos.
Esta situación obliga al Estado a tomar medidas urgentes, debe cancelarse a todos los funcionarios, y policías que trabajan en el sistema de control carcelario, y emprender en una verdadera revolución en el sistema, creando centros educativos, control de formación de carreras medias, humanizando a los ciudadanos privados de la libertad, e indemnizando por el Estado a las familias de los fallecidos.
JOFFRE DAZA QUIÑÓNEZ