Semanas atrás un titular de este diario publicaba ‘Tisaleo no cuenta con agua potable’, con casi 14.000 habitantes, el vecino cantón, en pleno siglo XXI aún carece de agua potable. Recordemos que nuestra Constitución no solo que reconoce sino que garantiza el derecho a este servicio público, y que corresponde al Estado, la provisión ininterrumpida, uniforme, universal y eficiente. Este derecho, categorizado como universal por la Asamblea de las Naciones Unidas, exige en las circunstancias actuales, un riguroso control de las prioridades presupuestarias de los GAD en los proyectos de inversión, y si estos se orientan realmente a satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, como la provisión de este servicio. No es un tema menor, aspectos como el señalado se vinculan directamente con uno de los problemas sociales más complejos del país, me refiero a la desnutrición crónica infantil (DCI), que según cifras oficiales 1 de cada 3 niños menores de 2 años la padece, afectando su crecimiento físico y con alto riesgo de afectaciones cognitivas. Resulta inconcebible que los presupuestos públicos sigan destinándose a incrementos de burocracia o a proyectos que busquen réditos políticos, y no el bienestar social, y claro, cambiar esa miope visión de varios politiqueros resulta una misión casi imposible. ¿Qué hacer?, no podemos convertirnos en meros espectadores de la destrucción de condiciones mínimas de vida de nuestros niños, quienes verdaderamente, no solo que merecen vivir mejor sino que constituyen la esperanza de un futuro mejor.
Uno de los programas de los que poco o nada se habla, es precisamente el Plan Estratégico para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, que persigue reducir los alarmantes indicadores a través de la ejecución de proyectos a cargo de la sociedad civil y empresa privada, con la implementación de un mecanismo de deducción de hasta el 150% adicional en la base imponible del Impuesto a la Renta, para quienes patrocinen programas/proyectos que permitan reducir esta problemática. En otros términos, quienes vivimos de críticos gubernamentales, tenemos la posibilidad de organizarnos e involucrarnos en distintos ámbitos de la desnutrición como soberanía alimentaria, salud, agua potable, etc., y hacer posible que miles de personas alcance condiciones de vida adecuadas. Confío que el gobierno entrante no solo mantenga este programa, sino que lo impulse de tal manera que organizaciones con o sin fines de lucro, se sumen por cuenta propia a cambiar esta triste realidad nacional.