Acorralados

Carlos Arellano

Desde el primer día en funciones, la Asamblea Nacional articuló a distintas fuerzas políticas en distintos momentos para provocar el fracaso del presidente Guillermo Lasso. En una sana democracia la oposición debería representar un equilibrio de poder que permita la gobernabilidad -sin descuidar el control político- y que facilite la consecución de un plan de gobierno que ganó en las urnas.

En los últimos 21 meses, Pachakutik, el PSC, la Revolución Ciudadana y otros movimientos políticos demostraron que poco les importa el país. Pretenden que sus camaradas retomen el poder para despilfarrar las arcas públicas y permitir -como lo hizo Lasso- que la corrupción e impunidad triunfen en el Ecuador.

A Lasso se lo debe culpar por su falta de liderazgo, por debilitar al sistema público de salud, por mantenernos en zozobra en la ola de criminalidad que sacude a todo el país y más. De la misma manera, a la Asamblea se la debe responsabilizar por el golpismo, por la indiferencia ante las necesidades de los ecuatorianos y por incumplir con sus obligaciones de legislar y fiscalizar.

Hoy los asambleístas trabajan exhaustivamente, incluso en días festivos, rebuscando, inventando historias y armando hipótesis para destituir a Lasso. ¿Por qué? Porque jamás perdonarán que un banquero llegara a la Presidencia.

Mientras el riesgo país alcanza sus niveles más altos, los legisladores sueñan con nadar en piscinas repletas de dinero, de eternizar su impunidad, de votar para garantizar su futuro económico. Esto –nada más- es parte de la decadencia del Ecuador: una guarida de políticos oportunistas, insensibles e iletrados.

Lasso -para enfrentar dicha realidad- se ha refugiado en su indolencia, creyendo que el país es su banco y que los ministros le deben pleitesía. Mientras el Gobierno no articule políticas que satisfagan las necesidades más básicas de los ecuatorianos como salud, educación, trabajo y seguridad, el tiempo del presidente en el poder se acorta.

Lo que ocurra en los próximos meses -que será una avalancha de conflictos políticos y sociales- será responsabilidad del Ejecutivo, del Legislativo y de las organizaciones sociales. Un presidente que no termine su periodo será un fracaso más para esta afligida nación.