Wellington Toapanta
En la administración del Ecuador de hoy es desafiante el propósito de la fiscal Diana Salazar de limpiar el viciado sector judicial, pero materializa el intento con pasos pequeños y firmes que han develado al 50% de jueces penales de la provincia del Guayas como operadores de sigilosa conexión política y delincuencia organizada.
La historia judicial ecuatoriana no está exenta de relación con poderes políticos, económicos y sociales, pero desde hace 13 años extremó su parsimonia, ve y deja pasar delitos flagrantes y sustentados, gérmenes de lavado de activos, de los que han emergido nuevos ricos, ‘empresarios’ que, en estos tiempos, por emergencias, intentan pescar contratos con gobiernos locales regentados por históricos renuentes a inversiones.
El quiebre judicial se acentuó el 15 de enero de 2011, cuando el entonces gobernante decidió ‘meter las manos en la justicia’; tras una consulta popular estableció, discrecionalmente, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, cuerpos legales penales y civiles.
Consciente de la característica gubernamental instruyó órdenes a cortes, tribunales, juzgados y fiscales para que no fallen en contra del Estado (Gobierno) y sus personeros por más sustentados que fueren los recursos. Gran parte del personal de carrera fue desplazado y sustituido por incondicionales que subsisten ¿para cuidarles las espaldas?
Son centenares las contravenciones legales, monetizadas en más de $ 70.000 millones, pero en aquellos 10 años no preocuparon a la justicia, como los ‘pativideos’, la ‘narcovalija’, la fantasmagórica Refinería del Pacífico, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, pero la misma estructura judicial sirvió, ¿sirve?, para perseguir, sentenciar, humillar a sus críticos; que evoquen, por ejemplo, Galo Lara, diario La Hora, diario El Universo, el coronel César Carrión, los del 30S.
Imperativa es hacer purga integral a la administración de justicia, promover gestión profesional. En Pichincha se revela que existen jueces renuentes a la deontología profesional. El portal Periodismo de Investigación ofrece pistas sustentadas, adosados a una denuncia de Teodoro Gallegos Salem contra la expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, por presunto ‘enriquecimiento ilícito’. Parece que los juzgadores miran al otro lado.